Ernesto Ekaizer

Estado de desecho

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Raúl García Pérez i Alfonso Lázaro de la Torre, els dos titellaires empresonats des de dissabte quan sortien, avui, de la presó de Soto del Real / EFE

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha decidido dar marcha atrás en el caso de los dos titiriteros encarcelados el pasado. Y el juez los ha puesto en libertad pero mantiene el cargo de apología del terrorismo. El fiscal y el juez dicen que se ha conjurado el peligro de fuga, ya que los dos detenidos han acreditado su arraigo. Y que como se les ha incautado el teatrillo, ya no pueden volver a reincidir en el delito.

El auto de libertad es tan burdo como el de prisión. Balzac decía que uno sale de un asunto feo como puede. Pero lo que ha ocurrido es grave. España es un país donde hay consolidadas fiscalías paralelas (grupos de presión) que con su actividad, a través de la figura exclusiva de la acción popular, marcan el paso de la Fiscalía oficial. Pero como además el juez es un juez investigador, ello refuerza la acusación de la Fiscalía. No tenemos un juez de garantías, como ocurre en otros países, que está por encima de acusaciones y acusados.

El fiscal Pedro Rubira ha llevado adelante la inquisición contra los dos titiriteros y el juez, en lugar de ser garante de los derechos fundamentales, le ha secundado. Su auto de prisión es una obra de ficción que manipula la obra de ficción original del teatro de títeres. Mala, sí; que no debió tampoco darse, como sus artistas advirtieron, para un público infantil.

Pero sobre este error del Ayuntamiento de Madrid, el Partido Popular y las fiscalías paralelas han montado una provocación. ¿No ha amenazado el PP con denunciar al Ayuntamiento por apología del terrorismo?

Los medios de comunicación, asaeteados también por esas fiscalías, no se han convertido en baluarte de la libertad de expresión. Todo lo más han considerado desproporcionada la prisión sumarísima solicitada por el fiscal Rubiera y firmada por el juez Moreno.

Cuando han visto que la propia comunidad judicial y jurídica no les acompañaba, Rubiera y Moreno dan marcha atrás. Pero tienen que hacerlo por etapas para que no se note demasiado.

No es un problema de excesos. La prisión ordenada y ahora desandada son decisiones judiciales que abusan del estado de derecho; son más bien propias de un estado de desecho.

El tema tiene que llegar a la sección tercera de lo penal de la Audiencia Nacional a través del recurso de los titiriteros. Para que quede claro que lo que ha habido es una apología, sí, un enaltecimiento del abuso de poder.

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