La acusación popular vuelve a reclamar la imputación de altos cargos del Banco de España en el caso Bankia
El abogado Andrés Herzog, en nombre de la acusación popular de la Confederación Intersindical de Crédito (CIC), ha solicitado este miércoles al juez Fernando Andreu la imputación de seis altos cargos del Banco de España y dos de la CNMV en relación con la salida a bolsa de Bankia, en julio del 2011. De hecho, la acusación popular ya había pedido que se investigue a los responsables del Banco de España, pero la petición fue desestimada. Sin embargo, ahora la acusación popular entiende que los cuatro correos electrónicos enviados por el inspector principal del banco central en BFA-Bankia José Antonio Casaus ponían en evidencia que el Banco de España era consciente de los riesgos de la operación. En estos cuatro correos el mismo Casaus avisa de que el banco ya era "un paciente" cuando salió a bolsa.
El escrito insiste en una petición que fue desestimada a primeros de julio por el juez Andreu y que seguía el informe del fiscal Alejandro Luzón. Entonces el juez consideró la diligencia como “impertinente” e “inútil”. En cambio, sí aceptó la propuesta de imputar a la auditora Deloitte y el socio auditor Francisco Celma.
La acusación popular se apoya ahora en los cuatro correos electrónicos y la nueva declaración de Casaus del 5 de septiembre, según los cuales el grupo BFA-Bankia era “inviable” y la salida a bolsa acabaría en una “nacionalización de las pérdidas”.
El escrito señala que queda “acreditado que [los responsables de la supervisión del Banco de España] contaron con información relevante suministrada por el equipo de inspección que no sólo desaconsejaba encarecidamente la Oferta Pública de Suscripción sino que expresaba y advertía reiteradamente sobre la inviabilidad del grupo BFA-Bankia" y las pérdidas que causaría a accionistas y contribuyentes. Así pues, la acusación popular urge que declaren como investigados algunos de los responsables del Banco de España en el momento de la operación. En primer lugar, el superior de Casaus, Pedro Comín, a quien iban dirigidos los correos electrónicos, y Mariano Herrera, que por aquel entonces coordinaba el Departamento de Inspección de Cajas de Ahorro. Además, cita a quien fue director del Departamento de Cajas de Ahorro, Pedro González; al director general de Supervisión durante la operación, Jerónimo Martínez Tello; al exgobernador del banco de España Miguel Ángel Fernández Ordóñez (MAFO), al exsubgobernador Javier Arístegui y a los entonces presidente y vicepresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Julio Segura y Fernando Restoy.
El texto recuerda que el Banco de España no aportó los correos electrónicos de Casaus en la remesa de documentos que envió al juzgado a primeros de septiembre. En este paquete se incluían los correos del 7 y el 12 de abril del 2011, pero no los del 8 y el 14 de abril, que se reclamaron después de que Casaus los mencionase en su declaración.
Además, el organismo tampoco adjuntó la carta explicativa de los documentos que aportaba, como sí hizo con los correos de Casaus. Es por esta razón que la acusación pide la declaración como testigo de María Ortega Cano, jefa de la División de Expedientes Sancionadores y Colaboración con los órganos judiciales.
Herzog solicita también ahora “todos los correos electrónicos" que Casaus envió a Pedro Comín y el resto de miembros del Departamento de Supervisión del Banco de España desde la constitución de BFA-Bankia, el 3 de diciembre del 2010, hasta su nacionalización, el 18 de junio del 2012. Por último, el escrito de la acusación popular pide que se cite a declarar a la persona que, según ha declarado Casaus, se incorporó en septiembre del 2011 como "corresponsable" del equipo de seguimiento del Banco de España y que asume las funciones de "riesgo de crédito".
