¡Es la amnistía, estúpido!
Mira por dónde, la campaña del 26-J que está al caer va a gravitar sobre un asunto que el gobierno de Mariano Rajoy daba por amortizado: la amnistía fiscal de 2012. Hasta hora se conocían algunos nombres ilustres que habían acudido a ella: Rodrigo Rato, Luis Bárcenas, Oleguer Pujol, Josep Pujol, Diego Torres, Fernando Martín, José Ángel Fernández Villa. El escaso número de nombres conocidos, empero, ha alimentado las sospechas sobre la presencia de empresarios y personalidades de postín. Esta sospechas, por otra parte, han sido estimuladas por algunas declaraciones oficiales. Por ejemplo, la del director de la Agencia Tributaria, Santiago Menéndez, que informó en el Congreso de los Diputados, el 21 de abril de 2015, sobre la lista de 715 contribuyentes bajo la lupa del Sepblac (Servicio Ejecutivo de Vigilancia del Blanqueo de Capitales). “Yo dispongo de todos los datos y son la repera patatera” alardeó.
Bien. Ahora, en un ejercicio de responsabilidad ciudadana, algunos funcionarios han considerado que en esta segunda vuelta electoral podía ser de gran interés conocer al menos parte de la lista de agraciados por la regularización, que no amnistía, Montoro dixit. Es lo que ha llevado a enviar un material de 38.598 documentos a tres publicaciones: La Marea, Diagonal y Eldiario.es.
En la primera entrega se da cuenta de que dos infantes -Alicia de Borbón-Parma y Habsburgo-Lorena y Carlos de Borbón-Dos Sicilias- y dos primos del ahora rey emérito Juan Carlos –Cristina de Borbón-Dos Sicilias de Orleans y Pedro de Borbón-Dos Sicilias de Orleans- pagaron en las Navidades de 2012 un 1,83% (73.436 euros) para regularizar 4.000.815 euros ocultos en varias cuentas del banco Lombard Odier de Ginebra.
Si a ello se suma a la princesa Inés de Borbon-Dos Sicilias, prima del rey emérito Juan Carlos y tía de Felipe VI, imputada en la operación Púnica de Marjaliza-Granados, y se agrega la empresa panameña de Pilar de Borbón, hermana del rey emérito, y se añade la presencia en el banquillo del caso Nóos de Iñaki Urdangarin y la infanta Cristina, el cuadro no deja de ser preocupante. Cada día que pasa desde el 2 de junio de 2014, la abdicación del rey Juan Carlos I –cambiarlo todo para que todo siga igual- se entiende un poco mejor.
Pero esto no es sino la punta del iceberg. La negativa de Montoro a romper la promesa de seguridad jurídica otorgada a los agraciados de la amnistía regularizadora de 2012 haciendo pública la lista ha comenzado a ser inocua. Porque hay gente honesta en Hacienda, gente anónima que ha esperado el momento para dar el aldabonazo y aflorar el paquete de 38.598 documentos.
La amnistía de 2012 benefició, si bien se mira, a aquellos que ganaron la guerra de la gran crisis iniciada con el pinchazo de la burbuja de crédito e inmobiliaria en España a finales de 2007, que descerrajó, a su vez, la crisis de las hipotecas subprime en Estados Unidos. Es decir, las grandes fortunas y empresas españolas. Y, al tiempo, ese mismo 2012 la reforma laboral sin complejos de Rajoy, que remataba las de José Luis Rodríguez Zapatero, iniciaba la devaluación de los sueldos de aquellos que habían perdido esa guerra. Es decir: los trabajadores y las clases medias.
La amnistía y la devaluación salarial son dos caras de la misma política. Y si a ella se añade la corrupción sistémica del partido del gobierno, el PP, y los casos de corrupción del principal partido de la oposición, el PSOE, el paisaje de explosión del bipartidismo se dibuja sin dificultad.
Las filtraciones, una práctica ya habitual, a nivel nacional e internacional, ayudarán, pues, a focalizar la campaña merenguera, Jorge Moragas dixit, que algunos preparaban.
