PP-Bárcenas: 'ingeniería jurídica' de calado

Francisco Maroto, letrado de Luis Bárcenas, presentó el pasado lunes, día 12 de septiembre, un escrito de un folio en el juzgado de instrucción número 32 de Madrid en el que, “por expresas instrucciones de mi mandante”, se retira la acusación contra dicho partido en el caso de la destrucción del disco duro de un ordenador Apple que contenía información útil en las causas del ex tesorero.

La retirada de la acusación se produce cuando vencía, esta semana, el plazo dado por la juez Rosa María Freire a las acusaciones presentes en la causa para presentar escrito de acusación, el paso previo a dictar el auto de apertura de juicio oral contra Carmen Navarro, actual tesorera del PP; el responsable de los servicios jurídicos del partido, abogado Alberto Durán; José Manuel Moreno, director del departamento de sistemas de la información, y el PP, como persona jurídica, por delito de daños informáticos y encubrimiento.

En su auto de transformación de las diligencias previas en procedimiento abreviado del pasado 26 de julio –resolución que concluye las diligencias-, la juez relata que “Moreno se ocupó personalmente de iniciar el sistema de borrado seguro, que consistió en la sobreescritura de los discos duros, hasta en 35 ocasiones, su posterior ralladura y por último los tiró a la basura”. Añade que “la operación se culminó el 3 de julio de 2013”. En esa fecha Bárcenas llevaba seis días en prisión y se disponía a prestar declaración ante el juez Pablo Ruz, que tuvo lugar el 15 de julio.

Al conocerse el auto de conclusión, a finales de julio pasado, el ministro de Justicia en funciones, Rafael Catalá, salió en tromba a atacar el contenido de la resolución y llegó incluso a analizarlo en un plató de televisión. Suponía una presión sobre los jueces porque el auto no es firme, estaba pendiente de recurso ante la Audiencia Provincial de Madrid, y el titular de Justicia no puede condicionar la independencia judicial.

El auto dictado por la juez es el último que se puede recurrir y no suspende el procedimiento, de modo que las acusaciones tienen que presentar esta semana sus escritos ante la juez. El PP ha presentado a su vez su recurso de apelación contra el auto de la juez Freire ante la sección 29 de la Audiencia Provincial de Madrid. Precisamente, el 8 de septiembre, Bárcenas se oponía en un escrito al juzgado al archivo del caso que pedían en sus recursos el PP y la Fiscalía de Madrid.

Pero he aquí que cuatro días más tarde, el lunes 12, llega la operación “sorpresa” con la que el PP quiere desactivar el caso de la destrucción del disco duro del ordenador de Bárcenas: el ex tesorero, después acusar y declarar dos veces como testigo durante la investigación, se echa atrás.

En un watsap que me ha enviado Bárcenas a las 11.09, explica su posición así ante mi pregunta sobre si ya había presentado su “desistimiento”.

“Sí. No puedo pagar a mis abogados y meterme en otro procedimiento, no puedo asumirlo. De pactos nada. Para pactar hay que tener interlocutor y yo no lo tengo. Por otra parte influye el hecho de no estar dispuesto a que se me señale y utilice con este tema como forma de atacar al PP y que España no tenga gobierno”.

Bárcenas cree estar contribuyendo, según se desprende de sus propias palabras, a que Mariano Rajoy pueda ser investido presidente de Gobierno en un nuevo intento a primeros de octubre, como ya ha anunciado tras su fracaso del viernes 2 de septiembre.

Pero la maniobra tiene mayor calado del que puede parecer a primera vista. En la causa, Bárcenas era acusación particular, es decir, directamente perjudicado por el daño de ordenador, que el ex tesorero reclamaba como suyo. Está la Fiscalía de Madrid y también hay varias acusaciones populares.

A primera vista la presencia de las acusaciones populares permitiría seguir adelante con el procedimiento. Pero atención: ni el perjudicado directo (la acusación particular de Bárcenas) impulsa la causa, ni la Fiscalía acusa. En realidad, la fiscal de Madrid ha presentado, como el PP, recurso contra el auto de la juez Freire.

¿Adónde conduce esto? A que la causa se archive porque, en aplicación de la doctrina Botín, las acusaciones populares por sí solas no estarían en condiciones de impulsar la causa.

Los delitos que se imputan a los dirigentes del PP y al PP son daños informáticos y encubrimiento. El primero decaería porque el perjudicado, Bárcenas, ya no acusa; el segundo, en cambio, permitiría a las acusaciones populares dar la batalla para continuar la causa.

El delito de encubrimiento (451 Código Penal) se encuentra entre los delitos contra la Administración de Justicia y supone, en una de sus conductas, “ayudar a los presuntos responsables de un delito a eludir la investigación de la autoridad o de sus agentes, o a sustraerse a su busca o captura, siempre que concurra alguna de las circunstancias siguientes”.

Se podría invocar la doctrina Atutxa, promovida por el actual presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, al desestimar en su día los recursos del que fuera presidente del Parlamento vasco, Juan María Atutxa, y optar por defender la querella de la acusación popular de Manos Limpias contra Atutxa. Según Marchena, que fue ponente en 2008, si hay un interés social o general, aunque el fiscal y la acusación particular estén ausentes, la acusación popular tiene legitimidad para impulsar esa causa. Además, existe el reciente precedente del tribunal del caso Nóos, que ha rechazado aplicar a Cristina de Borbón la doctrina Botín.

El problema es que los delitos de daños informáticos y encubrimiento están entrelazados. Y si decae por el desistimiento de Bárcenas el de daños, ¿qué es lo que se estaría encubriendo?

Para más inri, la sección 29 de la Audiencia Provincial está formada por cinco magistrados: Eduardo Porres, presidente; Pilar Rasillo; Francisco Ferrer, Lourdes Casado y… José Antonio Alonso, exministro de Defensa del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.