Iberdrola contra Bankia, o Acebes contra Acebes

El engaño en la salida a bolsa de la entidad enfrenta a las dos últimas empresas del exministro

La empresa eléctrica Iberdrola ha demandado a Bankia con el fin de recuperar 12,3 millones de euros perdidos en su inversión de 70 millones en la salida a Bolsa de la entidad.

No es el único inversor institucional en hacerlo, pero es quizá el más importante. La paradoja es que acusa de falsedad a Bankia tras fichar en abril de 2012 al exministro Ángel Acebes, que fuera consejero y presidente del comité de auditoría de BFA, la entidad matriz de Bankia, desde el 27 de julio de 2011.

Acebes explicó, citado como imputado ante el juez Fernando Andreu, que Rodrigo Rato le propuso a la junta general, que aprobó por unanimidad su nombramiento, y fue designado presidente del comité de auditoría. La salida a Bolsa se había consumado una semana antes, el 18 de julio de 2011.

Si bien Acebes no tuvo, de acuerdo con las fechas, participación alguna en la información aportada para la citada operación, siguió en la misma posición hasta días antes del estallido de la crisis, a primeros de mayo de 2012. El 24 de abril de 2012 dimitió en BFA para incorporarse a Iberdrola, como miembro del comité de auditoría, entre otras funciones.

Antes, sin embargo, Acebes participó como presidente del comité de auditoría de BFA en la formulación de las cuentas que hizo Rodrigo Rato la última semana de marzo de 2012. El socio auditor de Deloitte, Francisco Celma, se negó a firmar esas cuentas. Y éstas fueron reformuladas en mayo de 2012 tras la renuncia de Rato.

Los peritos judiciales han sostenido en su primer informe, de diciembre de 2014, que el socio auditor de la firma Deloitte, Francisco Celma (que ha sido imputado y declarará el 20 de junio próximo) “advirtió de los puntos problemáticos a la Comisión de Auditoría y Cumplimiento el 18 de octubre de 2011 sin que conste que la alta dirección tuviera en cuenta sus recomendaciones ni que la CAC lo verificase”.

Los peritos enfatizan: «La mayor parte de los ajustes en las cuentas fueron comunicados por el auditor con antelación suficiente».

En su declaración ante el juez Andreu, el 23 de noviembre de 2014, Acebes señaló que “jamás en la comisión de auditoría el señor [Francisco] Celma en ningún momento dijo que existiese ningún problema. Todo lo que nos llegó a trasladar era absoluta tranquilidad”.

Pero el acta de la reunión del 18 de octubre de 2011 ya se apuntó la necesidad de explicar cómo hacer frente al deterioro de la participación que tenía BFA en Bankia, hecho que cuestiona la versión del exministro.

Acebes forma parte ahora del consejo de una sociedad, Iberdrola, que demanda de juicio ordinario a Bankia por haber transmitido a través del folleto de salida a Bolsa, aprobado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) información “inveraz, falsa e incorrecta”.

Pero Iberdrola no esperó mucho tiempo para actuar tras la salida a Bolsa. En su demanda, explica que dio orden de vender acciones entre agosto y diciembre de 2011, periodo en el que Acebes ejercía como presidente del comité de auditoría de BFA, con la intención de salvar parte de su inversión. También suscribió un contrato de cobertura con J.P.Morgan Securities para reducir la cuantía de los daños. Por esta vía percibió 684.868 euros.

La demanda narra los hechos que llevaron a Iberdrola a adoptar la decisión de invertir en un primer momento 100 millones de euros, habida cuenta de que BFA era accionista de la empresa eléctrica. Más tarde esa cifra se redujo a 70 millones.

La comisión ejecutiva aprobó la decisión “condicionada a un informe favorable” y “con carácter de urgencia” de la comisión de auditoría sobre el folleto de emisión. Dicha comisión aprobó el dictamen en su reunión del 14 de julio, al borde del 18 de julio de 2011, fecha de la salida a Bolsa.

El consejo de administración es informado un día después, el 19 de julio, y adoptó el acuerdo de “tomar conocimiento a la operación relativa a la operación de toma de participación por Iberdrola en el capital social de Bankia”.

El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero apoyó la entrada de grandes empresas españoles como inversores institucionales. La ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado, gestionó esa operación patriótica.

En su relato de hechos, Iberdrola solo deja entrever el lado oscuro, o político, cuando afirma que el comité operativo adoptó el acuerdo de invertir “en base al carácter sistémico para España de esta entidad [Bankia], su influencia en nuestra compañía [participación de BFA en Iberdrola] y su rentabilidad a medio plazo”.

“Carácter sistémico”. ¿Quién pudo haber invocado este argumento al otro lado del teléfono en aquellos dramáticos días de 2011? No es difícil de imaginar.