Un 'desagravio' al presidente Maraundi y a los magistrados de la sección segunda

Carlos Lesmes, presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), ha tenido que desmentir en su comunicado de este lunes la versión de que Luis Díez-Picazo, presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, ha hecho circular entre sus medios afines al conocer la sentencia de la sección segunda el pasado jueves 18 de octubre: que el presidente de esa sección, Nicolás Maraundi Guillén, había actuado con deslealtad.

Lesmes señala, precisamente, que el comportamiento de la sección segundo fue leal. Que esto se tenga que señalar negro sobre blanco en un comunicado del presidente del Supremo pone de relieve la profundidad del malestar en la institución.

La conducta de Díez-Picazo puede ser, según fuentes judiciales consultadas por ARA, resumida en tres actos que están en el origen de la crisis de lo que hemos llamado el SupremoGate.

El primer acto ha consistido en, por su alergia a los plenos frente a los 31 magistrados que forman la Sala Tercera, no abordar el tema del pago del impuesto en las escrituras notariales, sabiendo, desde enero de 2018, que la sección segunda había sido designada para resolver un recurso de casación sobre el asunto. Ese 15 de enero, Díez-Picazo era uno de los firmantes del auto de la sección primera por la que se consideraba el recurso de trascendencia jurisprudencial.

El segundo acto consistió, ante su incapacidad de canalizar el conflicto doctrinario, en difundir el pasado viernes 20 un comunicado en el que el Tribunal Supremo aparecía defendiendo determinados intereses económicos, los del sector bancario afectado por la decisión de la sección segunda, según la cual serán las entidades financieras las que deberán correr a cargo de los gastos que pagaban los clientes (la agencia de calificación Moody´s ha estimado esos gastos en 4.000 millonnes de euros). Díez-Picazo fue alertado de la gravedad de esos efectos por Lesmes, que mantiene relaciones directas con responsables del sector financiero.

Y el tercer acto, insinuar en los medios de comunicación que el presidente de la sección segunda, Nicolás Maraundi, le había hecho poco menos que una jugada deliberada.

¿Qué estaba insinuando? Que el presidente de la sección segunda y tampoco ningún miembro de la sección le habían avisado sobre la orientación hacia el “giro radical” en materia de jurisprudencia.

En otros términos: que nadie advirtió a Díez-Picazo que se iba a anular un artículo 68.2 del reglamento por el cual los gastos recaen sobre los bancos y ya no se cargarán a la cuenta de los clientes.

Díez-Picazo sabía que la sección segunda iba a examinar el recurso. Lo que no sabía ni debía conocer era el resultado de la deliberación y votación. Si se hubiera dado lo que él ha exigido en círculos privados, a saber, que alguien le dijera lo que iba a ocurrir, se habría producido una prevaricación. El presidente puede llevar un asunto al pleno antes de una decisión, pero no como resultado de una información confidencial sobre la deliberación precisamente para no frustrar o abortar una sentencia.

Ayer las asociaciones de jueces bramaron contra Díez-Picazo, pero solamente Juezas y Jueces para la Democracia ha solicitado su dimisión: “No existen precedentes de esta insólita actuación. Esas facultades [ convocar a Pleno] deben de ejercitarse antes del dictado de la sentencia”.

Lesmes intentará ahora “limitar” el daño -repercusión para la banca- y buscar una solución en el pleno del 5 de noviembre próximo sobre la base de dos criterios: aplicar la sentencia para las futuras hipotecas y reconducir el malestar de las entidades bancarias hacia el legislador. Es decir, que se promueva un cambio de la ley que replantee el pago del impuesto.