MadridLamentablemente es de imposible percepción cual pueda ser la voluntad interna del magistrado instructor del Tribunal Supremo Pablo Llarena.
Esta frase, tomada de prestada al magistrado, es oportuna para aplicársela a él mismo. Está extraída de la página 5 del auto de prisión en el cual Llarena se interroga, encerrado en su despacho, frente al ordenador, más como psicoanalista que como juez o penalista, sobre la “voluntad interna de los procesados”.
La intrahistoria de esta resolución solo la conocerá Llarena. Pero veamos cómo parece ir en una dirección, se produce un quiebro y la pluma, como suele decirse, ya no le responde.
Llarena escribe: “Expresan los procesados presentes que su comparecencia ante el tribunal es expresión del posicionamiento contrario que trata de conjurarse y que no puede adoptarse una resolución en función del comportamiento procesal que hayan podido adoptar otros encausados”.
Y, atención, añade a continuación lo siguiente: “El alegato es razonable”.
Hacia aquí parecía encaminarse la resolución. Y, por tanto, en lugar de la prisión incondicional, se llegaba por ese camino a mantener la libertad provisional bajo fianza, resolución que él mismo había decretado el 4 de diciembre de 2018.
Sigamos. ¿Por qué le parece razonable?
Por esto: “La consideración del riesgo de fuga de los encausados debe de hacerse en análisis de las circunstancias personales que les afectan y estas vienen presididas por haber comparecido ante este instructor en cuantas ocasiones han sido llamados”.
Pero es aquí, cuando intenta explicar lo que acaba de prometernos -analizar las circunstancias personales- cuando el magistrado se fuga hacia las generalidades, todo lo contrario de la individualización que admite tener que precisar.
¿Qué ha pasado?
Es una cadena con varios eslabones.
Uno de esos eslabones es la Fiscalía.
El fiscal general del Estado, Julián Sánchez Melgar, ha intentado el martes pasado una línea de moderación en la vista de la Sala de Recursos del Supremo al dar instrucciones al fiscal Fidel Cadena para quitar a Joaquím Forn de prisión.
Ha aprovechado Sánchez Melgar una petición de libertad de primeros de marzo por razones de enfermedad y porque Forn ha abandonado su escaño y la política. Pero ha tenido que imponerse (artículo 25 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal) y el fiscal Cadena lo dice públicamente en la vista.
Problema: técnicamente mezcla esa petición con lo que es el objeto del recurso, el auto de prisión que dicta Llarena el pasado 2 de febrero para mantener a Forn en prisión. La Sala de Recursos rechaza la posición de la Fiscalía.
Con esta derrota en su haber, el fiscal general del Estado ve limitado ahora su margen frente a la comparecencia de los seis diputados para notificarles el auto de procesamiento y examinar las medidas cautelares.
El discurso de investidura de Jordi Turull, sin reconocer que se han cometido ilegalidades, es una declaración “autonomista”, de recuperación de la autonomía catalana. No hay menciones al soberanismo, a la independencia y a la república.
Refuerza la línea de moderación del fiscal general del Estado debilitada por la decisión de la Sala de Recursos sobre Forn. Pero a continuación, pocas horas después, parece “recuperar posiciones” al anunciarse que Forcadell, Rovira y Bassa han renunciado a sus escaños.
Es, de hecho, el resultado de la posición de la Fiscalía, derrotada en la vista de Forn.
Pero en la mañana de ayer viernes, la Fiscalía sufre un nuevo revés: Marta Rovira escapa a Suiza.
Y lo mismo que vale para Sánchez Melgar se puede aplicar a Llarena.
El magistrado tiene en la vistilla tres peticiones de prisión incondicional para los cinco procesados: la acusación popular de Vox, la abogacía del Estado (es decir el Ministerio de Justicia o el Gobierno) y la Fiscalía.
La suerte está echada. Las medidas que el magistrado ha adoptado no han logrado ser eficaces para garantizar que los investigados permanezcan a disposición de la justicia.
Los cinco procesados, viene a decir Llarena, forman parte del núcleo duro que ha reabierto la rebelión con el proceso constituyente dirigido a alcanzar la República, la asamblea de representantes y el Consell.
Y que, además, tiene una estructura para acoger a aquellos que quieran seguir el camino abierto por Carles Puigdemont.
En lo que se refiere, pues, a la responsabilidad individual que Llarena asume que en derecho penal debe explicarse para fundamentar la modificación de la medida cautelar, ya no ofrece argumentos.
Llarena viene a decir: “¡La cara de tonto que me queda si después del procesamiento se me van uno a uno los miembros del exgovern al exilio!”. Su conclusión: “Dejémonos de remilgos, y reforcemos las medidas como solicitan acusación popular, abogacía del Estado y Fiscalía”
