El juez arma el puzle definitivo de la corrupción del PP de Madrid
Más de 30 imputados en cuatro piezas y entre 20 y 24 en las otras 7
MadridEl juez Manuel García-Castellón, titular del juzgado central de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, perfila, de regreso de sus vacaciones, el puzle definitivo de los presuntos actos de corrupción del Partido Popular de Madrid a través de las 11 piezas de la Operación Púnica, investigación iniciada en octubre de 2014, y su cruce con la Operación Lezo, aflorada en abril de 2017.
El nuevo diseño propuesto por la Fiscalía Anticorrupción el pasado 2 de agosto es el de una pieza principal y una reducción de las 16 piezas originales separadas a 11.
Dentro de estas últimas once, la Fiscalía solicita impulsar, si el juez así lo decreta, diligencias inmediatas en 4 piezas en las que se cuentan más de treinta imputados, entre los ya existentes y las nuevas imputaciones solicitada. A ellos, a su vez, se añadirán otros 24 (llevando a un total de 54 investigados) de las otras piezas.
Entre esas cuatro piezas está, precisamente, la del “desvío de fondos” para financiar presuntamente campañas electorales de Esperanza Aguirre, una pieza en la que ya existen imputados de la empresa de consultoría Indra por presuntos pagos encubiertos de facturas falsas por valor de 566.497 euros a la campaña de Esperanza Aguirre en la campaña de las autonómicas de Madrid de 2011.
El juez resolverá ahora sobre la imputación del presidente de la compañía en el momento de los pagos, Javier Monzón. El que fuera consejero delegado durante su gestión, Javier de Andrés, fue destituido por el nuevo presidente de Indra, Fernando Abril Martorell, y es uno de los ejecutivos que continúa imputado en Púnica.
Aparte de la facturación ficticia de Indra, una práctica que la Fiscalía considera acreditada, el juez deberá resolver también sobre la imputación de Cristina Cifuentes y dos exconsejeros de Sanidad: Manuel Lamela y Juan José Güemes. Ambos nunca declararon en sede judicial sobre las presuntas comisiones del 1% en la adjudicación de nuevos hospitales y la rehabilitación de ya existentes, aunque sí fueron citados por la Guardia Civil. Entre los imputados del PP de Madrid continúa su gerente, Beltrán Gutiérrez Moliner.
La reorganización del sumario obedece al hecho de que la última prórroga concedida por la Audiencia Nacional para concluir la instrucción de Púnica llega hasta el 6 de junio de 2020.
Es decir, el juez García-Castellón dispone de nueve meses para terminar el sumario, lo que requiere: tomar decenas y decenas de declaraciones, recibir informes definitivos de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO), practicar nuevas diligencias, recibir comisiones rogatorias, confirmar o anular imputaciones, dictar el auto de acomodación de las diligencias previas y abreviado (equivalente en el procedimiento abreviado al auto de procesamiento del sumario ordinario) y abrir el juicio oral.
En la pieza principal, según las fuentes jurídicas consultadas por ARA, el juez aspira a resolver si es necesario o no incluir el delito de blanqueo de capitales. Aunque en la causa se investigan los delitos organización criminal, blanqueo, tráfico de influencias, cohecho y fraude, el juez quiere puntualizar en la pieza principal la persecución de este delito para no entorpecer o perjudicar el enjuiciamiento conjunto.
Una vez definida esta pieza principal, sus imputados y los delitos, el juez perfilará las 11 piezas, alguna de las cuales ya está juzgada con condena en firme (chivatazo a Francisco Granados sobre la investigación), con escrito de acusación (adjudicaciones fraudulentas en la Diputación de León), con procedimiento abreviado (Murcia); operaciones de urbanismo en Valdemoro y blanqueo de capitales; contratación local en Valdemoro, Torrejón de Velasco y Serranillos del Valle; contratación de Waiter Music y las fraudulentas adjudicaciones a las empresas vinculadas a los investigados Alejandro de Pedro Llorca y José Antonio Alonso Conesa, en Denia, Valencia, Madrid, Majadahonda, Valdemoro, Comunidad de Madrid y terceros países.
A estas siete piezas se unen las citadas cuatro sobre las que el juez tiene que decidir la práctica de diligencias e imputaciones: adjudicaciones fraudulentas a la empresa de ahorro energético Cofely España, del grupo GDF Suez; adjudicaciones fraudulentas en la llamada Comunidad de Madrid de Francisco Granados; “desvío de fondos para pago de gastos del Partido Popular de la Comunidad de Madrid”; y creación de colegios concertados (Alfedel).
El puzle de tres presidentes de la Comunidad de Madrid imputados (Esperanza Aguirre, Ignacio González y Cristina Cifuentes), un vicepresidente (Francisco Granados) y todos al tiempo máximos responsables del PP de Madrid), será, pues, conocido previsiblemente la semana próxima.
La investigación versa, precisamente, sobre una corrupción institucional continuada, lo contrario de l”os dos altos cargos” que, según declaró Aguirre en la comisión de investigación de la Asamblea de Madrid sobre la corrupción del PP, “habían salido rana en mis 33 años de política”, en referencia a sus consejeros Alberto López Viejo, condenado en el caso Gürtel, y Francisco Granados cuyo apellido, evocador del granado, el árbol frutal que en latín se denomina Punica Granatum.
