La política catalana está en la cuadratura constante del círculo. La semana ha demostrado que es un deporte de riesgo gobernar, hacer presupuestos y preparar la campaña electoral a la vez. Sobre todo dentro de un gobierno de coalición de partidos ideológicamente confrontados, que ocupan todo el espectro ideológico de la derecha a la izquierda y necesitan contar con el apoyo de una formación asamblearia ubicada en el mientras tanto de la revolución.
En el proceso de cerrar el presupuesto de una institución como la Generalitat después de siete años de crisis, sin controlar los ingresos y moderando aún el gasto, que afecta servicios tan sensibles como la salud, la enseñanza o las políticas sociales, la conselleria de Economía ha lanzado un globo sonda para hacer un test sobre algunas variaciones de su política fiscal.
Las declaraciones y contradeclaraciones dejaban en evidencia primero el desconocimiento que tenía el presidente y posteriormente su oposición a una subida moderada del IRPF, a pesar de ir acompañada de una reducción para las rentas por debajo de los 36.000 euros. Al final, el Gobierno tiraba por el camino del medio y decidía enviar la patata caliente al Parlament. Una decisión que permite ganar tiempo antes de que sea inaplazable afrontar las diferencias ideológicas subyacentes, y que permite hacer un nuevo test de prioridades entre la unidad por el proceso y la distancia de las ideas.
El debate sobre la política fiscal es imprescindible, pero se ha hecho al por mayor. Sin números claros, sin una propuesta formal definida, concreta y sostenida. Economía tiene razón cuando sostiene que el IRPF es menos progresivo a partir de una renta media-alta. También es cierto, sin embargo, que el efecto de los impuestos no se puede valorar con una visión parcial. Por ejemplo, aislando el IRPF del impuesto de sucesiones, que más por terquedad que por sensatez se redujo ligeramente en plena crisis.
El tema fundamental es que el sistema tributario en Cataluña es excesivo y un retoque puntual y aislado no soluciona el mal mayor, que es la insuficiencia financiera de la Generalidad. El problema es de fondo y es que a pesar de una presión fiscal muy alta el gobierno catalán no puede prestar un nivel de servicios a sus ciudadanos equivalente a la presión recaudatoria que soportan.
El tema no es tan simple como apuntarse a la línea Robin Hood o a la línea de la jibarización del Estado. Ni tan simple como introducir pequeños cambios aislados que no solucionan el problema básico, ni tienen nada que ver con el FLA sino con el sistema de financiación. La cuestión de fondo es la relación con un estado que vive en la ficción contable y empuja también Cataluña inexorablemente a la ficción. Montoro, y antes Salgado, juegan con las previsiones de crecimiento y gasto que se hacen a medida, que ajustan a través de las comunidades, a las que fijan objetivos de déficit inalcanzables. Y mañana será otro día. La actitud de taparse los ojos afecta también a los debates responsables, como el de la creación de empleo, el mercado laboral o las pensiones -por no hablar de Cataluña-, que se aplazan.
Oriol Junqueras explicó en la entrevista publicada en el ARA como Montoro admite que hizo una rebaja del IRPF de 10.000 millones por razones electorales. De manera transparente también lo ha interpretado Bruselas, que estudia una sanción millonaria por la tomadura de pelo de los presupuestos del Estado del 2016. Continuando con la ficción, a finales de abril el gobierno español en funciones presentó en Bruselas el Programa de Estabilidad 2016 hasta 2019. Según la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), los ingresos y los gastos están infravalorados en las previsiones del gobierno español. Además, el plan prevé nuevas medidas de ajuste del gasto autonómico en sanidad y educación hasta el 2019, que podrían cifrarse en torno a los 12.000 millones.
La polémica también demuestra como a menudo en Cataluña también se intenta huir de la realidad y del desgaste de mantener un comportamiento coherente. ¿Cómo explicaría Cataluña en Europa una rebaja de impuestos cuando tiene un déficit muy superior al comprometido? ¿Importa la credibilidad de las finanzas si se quiere recurrir a la UE como árbitro en algún momento? ¿Puede el gobierno catalán actuar al margen de la realidad de estabilidad que impone Europa?
La polémica ha tenido, en cambio, una virtud electoral. Ha permitido a CDC asomar su perfil con un posicionamiento ideológico claro y a ERC situarse en el centro de la izquierda y abanderar la política social, haciendo, además, de bisagra con la CUP y Puigdemont. La polémica ha permitido a los partidos definir posición ideológica y no los compromete a corto plazo, porque la pelota ha ido a parar al Parlamento con un calendario laxo.
De hecho, los presupuestos se aprobarán a finales de mayo, probablemente en el consejo ejecutivo del día 24, y se entrarán el mismo día en el Parlamento. A partir de ese momento será el Consejo de Garantías Estatutarias el que marcará el ritmo si la oposición le envía las cuentas. Sería el caso, de manera prácticamente automática, si Economía aceptara la exigencia de la CUP de incorporar al presupuesto la larga lista de impuestos suspendidos o anulados por el TC. La oposición, por tanto, tiene la capacidad de condenar los presupuestos a una aprobación en septiembre, que coincidiría con el debate de política general y la Diada. Unos presupuestos que estarían en vigor tres meses y que, en realidad, los departamentos no tendrían ni tiempo de gastar.
