Estado de obcecación

Con una diligencia a la que no nos tiene acostumbrados, el TSJC ha dictado sentencia contra el expresidente de la Generalitat Artur Mas, su vicepresidenta, Joana Ortega, y la exconsellera de Educación Irene Rigau. Los tres son sociológicamente gente de orden y políticamente herederos del catalanismo moderado que se ha convertido en independentista con la ruptura del pacto constitucional. Los tres han sido inhabilitados por "transgredir de manera flagrante la ley" haciendo posible el 9-N. La sentencia es contra todo aquel gobierno que desafió al Estado y contra todos aquellos ciudadanos que fueron a votar cívicamente. El 9-N burló el gobierno español y fue un éxito gracias a la obcecación del PP y su incapacidad de leer la realidad y hacer política. La misma obcecación del PP que llevará al límite sus relaciones con la sociedad catalana los próximos meses cuando se convoque el referéndum que la gran mayoría de la población reclama. La inhabilitación por poner las urnas sin carácter vinculante es un despropósito democrático. Una decisión política para un juicio político. Un agravio que alimenta el independentismo cuando los casos del Palau y el 3% desengañan a muchos ciudadanos. El gobierno catalán tiene claro que en septiembre convocará un referéndum y algunos actores principales reconocen en privado que muy probablemente no se celebrará. La tensión irá subiendo y la respuesta será en las calles y finalmente, en cualquier caso, en las urnas. La historia juzgará a los burócratas del Estado que prefirieron no hacer política.