BarcelonaAlgún día en Cataluña el Once de Septiembre quizás se conmemorará con una fiesta de fuegos artificiales y una recepción aburrida en un jardín afrancesado. Será una confortable muestra de normalidad en un país naturalmente independiente. Pero ahora no hay opción para la rutina de todos los que consideran que hay que mejorar la capacidad de autogobernarse. Este año, por motivos que van desde la emoción profunda hasta la racionalidad más radical, una vez más muchos ciudadanos salieron a la calle y expresaron su apoyo a la independencia, el soberanismo, el autogobierno, cualquiera de las palabras que expresan los grados de la voluntad de ser y la conciencia de que venimos de lejos.
Los ciudadanos se han manifestado en los últimos años de manera multitudinaria con un civismo y una transversalidad ideológica que han convertido las sucesivas Diadas en una demostración política ejemplar en el mundo. Este año no ha sido una excepción.
Pero el proceso soberanista está en un momento de grandes incógnitas. Muchos se preguntan cómo se culminará y si se hará con la mayoría suficiente para obtener el reconocimiento dentro y fuera de Cataluña.
La Generalitat tiene un presidente independentista y el Parlamento tiene una mayoría de 72 diputados independentistas. Pero las elecciones del 27 de septiembre construyeron una mayoría tan diversa ideológicamente que no ha sido operativa, como demostró el veto de la CUP a los presupuestos de la Generalitat, que ni siquiera se tramitaron. La prórroga presupuestaria regalaba al ministerio de Hacienda el cumplimiento del déficit sin beneficiar a los catalanes de la recuperación económica, como indica que dos tercios de las medidas acordadas en el pleno contra la pobreza no se han podido poner en práctica.
De hecho, Carles Puigdemont hará frente en unas semanas a una cuestión de confianza, que prevé superar, como explica en una entrevista que publica el ARA. ¿Qué ha pasado? La CUP ha entendido que podía ser señalada como la responsable de hacer descarrilar el proceso y se ha moderado internamente. Por otra parte, las negociaciones con el presidente han tejido lo que él llama "una cadena de confianzas". Puigdemont asegura que no se han pactado los presupuestos, que empiezan ahora a negociarse con el equipo del vicepresidente, ni tampoco se ha cerrado una fórmula conjunta para culminar el proceso dentro del tiempo previsto por la hoja de ruta. Sin embargo, confía en que la cuestión de confianza saldrá adelante.
Las relaciones entre Junts pel Sí y la CUP han pasado, pues, del pacto "mutante", que vetó los presupuestos olvidando que el expresidente Mas dio el "paso al lado" a cambio de la estabilidad parlamentaria, a una "cadena de confianzas" que debería dar estabilidad el próximo año y mantener operativa la mayoría en el momento clave.
Entre el RUI y la pantalla democrática
La incógnita principal es cómo se concretará la desconexión y con qué mayoría se expresará en el Parlamento y en las urnas. El presidente evita hablar de referéndum unilateral de independencia y utiliza el genérico "pantalla democrática". Parece que no quiera importunar el legado de su predecesor con el éxito de convocatoria del 9-N y al mismo tiempo parece convencido de poder mejorar la fórmula. El caso es que el Gobierno de Cataluña está trabajando en eso. Se busca una serie de actuaciones que permitan sustituir una legalidad por otra sin que se produzca un vacío de jurisdicciones. Los catalanes de alguna manera deberán ser convocados a votar y hay que establecer antes una fórmula que no sea mágica. Su éxito depende del grado de mayoría parlamentaria que la convoque y de ciudadanos que se sientan interpelados y vayan a votar.
Por lo tanto, de la transversalidad ideológica que consiga la independencia y de garantizar que la fórmula para proclamarla tenga un claro reconocimiento internacional. El proceso no se podrá hacer sin ideologías muy diversas. En palabras del hijo de Jordi Carbonell, citando a su padre: "La independencia no se logrará sin Convergència". Sin el PDC, ni sin ERC, la CUP y probablemente tampoco sin los comunes. Ada Colau habla de soberanismo sin unilateralidad, que en España resulta una contradicción en los términos dada la falta de diálogo político. Los próximos meses también los comunes deberán definir su posición si el Parlamento sigue adelante y se mantiene, previsiblemente, el bloqueo político en el Estado. Experimentará la tensión como lo hizo el PSC.
Aceleradores de partículas
Los próximos meses se dibujan difíciles e imprevisibles. En el punto actual no se pueden descartar los accidentes de recorrido. El Estado actúa por la vía judicial sin abrir ninguna brecha política. Está pendiente el caso del 9-N y de los políticos que defendieron la consulta. También el Tribunal Constitucional dirimirá primero sobre sus competencias penales, pero tratará posteriormente la denuncia contra la presidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell. Los tribunales pueden actuar como un elemento moderador o contribuir a la provocación que alimente la tensión. Mientras tanto, los ciudadanos, las empresas, preferirían un entorno con menos incertidumbre tras años de crisis y tensión. Es momento de unidad, coraje para no dar pasos en falso y sentido común por respeto a los ciudadanos. Todo menos tacticismo y cortoplacismo.
