Una sensación de irrealidad plana sobre Cataluña. Ilusión de muchos ciudadanos y cargos públicos, e incredulidad de muchos otros por haberse votado en un pleno denso la declaración de independencia en el Parlamento por parte de 71 diputados de los 135. El presidente Puigdemont, que había estado a punto de convocar elecciones, cambió la estrategia in extremis, en horas agónicas, por dos motivos. Por un lado, el fracaso de la capacidad negociadora de las dos partes a pesar de los esfuerzos de muchos mediadores, liderados por el lehendakari Urkullu, que llegaron hasta el viernes por la mañana. Sin conversaciones directas y con un poso enorme de desconfianza profunda, Puigdemont pedía garantías de que el gobierno del PP no aplicaría el 155 mientras García Albiol y Arenas destilaban desde el Senado el discurso de la revancha y de conquista de las instituciones. Pero hubo una segunda razón. El presidente, independentista desde los 15 años, experimentó la furia. A pesar de haber sacado adelante un mandato extraordinariamente difícil y con compañeros de viaje tan diversos, Puigdemont veía como los suyos le tachaban de "traidor". El hombre que había anunciado a los suyos la convocatoria electoral, que provocó una fuerte implosión en el Govern y los partidos, la justificó diciendo que habiendo prometido que llevaría al país a la "preindependència" ahora no quería dejarlo en la "preautonomía" por la aplicación del artículo 155. Pero algunas dimisiones oportunistas y unos twits feroces propiciaron el cambio de opinión y la aceptación de ir hasta el final significara lo que significara. El presidente se rendía a la fuerza de la ilusión.
Nuevas cartas. La anunciada y temida aplicación del 155 fue aprobada entre aplausos. La mayoría jacobina del Senado aprobó con entusiasmo arrasar las competencias de Cataluña dentro de un estado teóricamente descentralizado, fruto de una concesión de la Transición que ahora tendrá una ocasión de oro para rectificar.
La maquinaria burocrática del Estado se puso en marcha para penetrar la administración catalana hasta el tuétano y Rajoy delegó funciones en la vicepresidenta y en el delegado del Gobierno, Enric Millo. El primer golpe de autoridad llegó con la decapitación de los Mossos. El ministro del Interior, que debería haber dimitido por la ineptitud demostrada en la crisis catalana, el hombre que dio la orden de golpear a miles de ciudadanos pacíficos que protegían urnas en Cataluña el día 1 de octubre y que fue incapaz de interceptarlas, se mantiene en el consejo de ministros, mientras que el hombre que desarticuló un comando yihadista tras el 17 de agosto y optó por evitar la violencia ante la consejería de Economía el 20 de septiembre está cesado e imputado. La destitución de Josep Lluís Trapero ejemplifica la complejidad de la situación, el poder que tiene el Estado con la fiscalía y el BOE. Paralelamente, la transición dentro del cuerpo de los Mossos deja claro que la policía catalana se mantendrá dentro de la disciplina jerárquica del cuerpo, y ésta, bajo las órdenes de la legalidad del 155. Hasta aquí llega la ficción, alimentada por algunos políticos de manera irresponsable, que la policía podía permitirse actuar de otra manera con el Estado.
El verdadero factor sorpresa de las últimas horas es la disolución del Parlamento y la convocatoria de elecciones el 21 de diciembre. Rajoy ha hecho política. El escenario obliga a repensar las estrategias y a hacerlas públicas por respeto a los ciudadanos.
El president, hoy cesado por el Estado, con la institución y todos sus instrumentos intervenidos y una declaración de República tan frágil como desmuestra la insuficiencia económica y la falta de reconocimiento exterior, emitió un mensaje pidiendo "paciencia, perseverancia y perspectiva" para hacer una "oposición democrática" al artículo 155. En las próximas horas se conocerá la estrategia del día siguiente de la declaración y su solidez. Las conversaciones del sumario del juzgado número 13, en las que el secretario de Hacienda admite las limitaciones de la cifra de recaudación de la Hacienda propia y procura no transmitir toda la información económica al entorno del presidente, son una mala noticia para los ciudadanos que están implicados intensamente y confiados en la estrategia prevista para el día después. "La cosa está verde y cualquiera que tiene dos dedos de frente lo sabe", se dice en el sumario.
Puigdemont no hizo ninguna referencia el domingo a la convocatoria de elecciones por parte del Estado, que abrirá un intenso debate. Para analizarlo hará falta saber cuál es la estrategia de resistencia prevista y ser realistas con la desolación del panorama fuera de las instituciones. Con los altos cargos cesados, los consejeros sin infraestructura y ni siquiera escolta, y la Hacienda, las firmas y las decisiones intervenidas, la defensa de la institución está en manos de la calle. Los políticos deberán ser muy responsables, conscientes y cuidadosos de los costes que ello puede suponer según lo que se le pida.
El debate será intenso sobre la participación o el boicot a las elecciones. Sobre qué objetivo, qué programa, qué fórmula. Finalmente la cuestión clave es cómo recuperar la Generalitat, y habrá que evaluar las consecuencias para los próximos años de dos legitimidades paralelas. Una con la fuerza de la calle y la otra con la fuerza del Estado.
