Cuando el árbitro es arbitrario

Catedrático de ciencia política de la UPFSi aún no la han visto, les recomiendo ver la película Los archivos del Pentágono, de Steven Spielberg. Aparte de la solidez narrativa y de buenas interpretaciones (Meryl Streep y Tom Hanks), se cuenta una historia que indica lo importante que es para un estado de derecho contar con dos elementos: 1) una justicia verdaderamente independiente del poder ejecutivo, especialmente sus órganos superiores (Tribunal Supremo), y 2) una prensa libre que no dude en criticar y oponerse a decisiones de gobierno por encima de los intereses de los grupos de presión. Sin estos dos elementos el estado de derecho es mera retórica. Una cuestión de lamentable actualidad en el estado español.

Además de estos dos elementos, que forman parte del principio de separación de poderes, hay otros elementos para el funcionamiento correcto de un estado de derecho (que he mencionado en otros artículos). Sin embargo, en las condiciones actuales me conformaría que se cumplieran estos dos elementos. El caso español muestra, por un lado, a unos magistrados de la cúpula judicial (Tribunal Constitucional, Tribunal Supremo, Consejo General del Poder Judicial) sumisos al poder ejecutivo y los partidos, así como a unos medios de comunicación, especialmente los de la capital, también sumisos al poder central.

Centrémonos en el poder judicial. Uno de los precios pagados en la transición política de los años 70-80 fue la continuidad del poder judicial del franquismo. Así como en la década de los 80 se produjo una reforma profunda del sector militar (reforma de Narcís Serra), no se produjo nada parecido en relación a los magistrados, la estructura y la organización del poder judicial. La continuidad con la dictadura fue casi total. Las consecuencias resultan obvias más de cuarenta años después.

Sobran indicadores. Citemos dos recientes relacionados con la investidura del presidente Puigdemont.

1. Tribunal Supremo (TS). Da vergüenza leer la decisión "argumentada" (es un decir) del magistrado Llarena para no cursar la orden de detención del presidente cuando estaba en Copenhague para dar una conferencia: no se cursa la orden, se dice, para no caer en la pretendida estrategia de Puigdemont de querer ser arrestado y así provocar que pudiera tener los mismos derechos (también es un decir) que los diputados elegidos que están en prisión. La decisión se basa en un criterio "político" alejado de las esperables consideraciones jurídicas sobre una persona sobre la que recae una orden de búsqueda y captura en el territorio español (sólo en este territorio, después del ridículo que el mismo magistrado hizo al tener que retirar la euroorden cuando se supo que la judicatura belga no concedería la extradición del presidente). El magistrado del TS parece querer actuar más como portavoz del PP que como miembro de un poder judicial imparcial e independiente.

2. Tribunal Constitucional (TC). Tiene dos temas sobre los que se ha de pronunciar: la admisión o no a trámite del recurso del gobierno central sobre la candidatura de Puigdemont a presidir la Generalitat, y los recursos presentados por Podemos y por el Parlamento de Cataluña contra la aplicación de el artículo 155. Son dos nuevas pruebas del algodón sobre la profesionalidad y la independencia de este tribunal.

De momento, sólo ha decidido de manera lateral y más bien surrealista sobre aspectos del primer recurso. El TC ha retrasado diez días la admisión o no del recurso, sin decir nada sobre la modificación del calendario de la investidura (!), una decisión cuestionable en términos de profesionalidad procedimental. En cambio, se ha sacado de la manga unas "medidas cautelares" a pesar de que el asunto de fondo aún no se sabe si se admite a trámite o no (!). Más surrealismo.

Además, el TC no duda en pasarle la pelota al TS (Llarena) en la cuestión de si el presidente puede ir a la sesión de investidura o no. Es decir, el TC establece que un juez puede decidir sobre la capacidad de un diputado de ser elegido. ¿En qué norma se fundamenta esta pretensión? Parece que en ninguna. Un diputado que ha sido elegido, ¿no puede ser candidato? En una democracia liberal un juez nunca puede "dar permiso" para que se presente una candidatura en un Parlamento. Es otra consecuencia de la separación de poderes. Y aquí no se pueden esgrimir cuestiones penales, ya que no hay ninguna sentencia judicial en firme. Se trata de una decisión propia de un estado autoritario. Tampoco es admisible que antes de que el Parlamento se pronuncie sobre el voto telemático o por persona interpuesta el TC sancione que son ilegales. Se trata de otra vulneración de la separación de poderes. El Parlamento queda reducido a una cámara provincial de feria. Más autoritarismo.

El TC actual parece más obsesionado con emitir resoluciones por unanimidad que con hacerlas conforme a derecho. En términos de política comparada de los estados de derecho occidentales, el estado español da pena. Tiene poder, pero en estas decisiones no es un poder de carácter liberal-democrático. El TC actúa como un árbitro arbitrario. Añade al desprestigio y la deslegitimación de los últimos veinte años una deriva autoritaria difícil de revertir.

Pregunta a los partidos independentistas: en las condiciones actuales, ¿qué conviene más al país? ¿Recuperar unas instituciones autonómicas cuando se sabe que seguirán disminuidas, tanto por el ahogo del control de las cuentas como por la permanente amenaza de más aplicaciones del artículo 155, o bien mantener y profundizar la tensión actual a escala interna e internacional, no dando la imagen de que se aceptan las medidas represivas del Estado? Sé que no es una decisión fácil. Ambas respuestas tienen costes claros y beneficios inciertos. Y aquí tampoco hay terceras vías.

Los resultados electorales del 21-D han sido claros. ¿Hay soluciones institucionales? Sí. ¿Las pondrá en práctica el Estado? No. En los países hay momentos extraordinarios. ¿Bajar la cabeza es una posición inteligente cuando sabes que te seguirán pegando (quizás más flojito)? La dignidad también forma parte de la identidad de un país.

No olviden ver la película que mencionaba al inicio. Vale la pena. También para contrastarla con cosas que pasan aquí.