La autoridad de la gente de paz

La DUI mete en un callejón sin salida a la ciudadanía catalana y a la española

"Oye, papá, el problema de Cataluña con España nos lo dejaréis arreglado, ¿verdad?", Me espetó mi hijo mayor hace siete años.

La cadena de acontecimientos dramáticos vividos recientemente ha dejado a la mayor parte de la ciudadanía, catalana y española, en un estado de perplejidad lleno de emociones negativas que nos hace pensar que nos hemos alejado más que nunca de un encuentro, y que el pasado, aunque insatisfactorio, es mejor que el futuro. Es posible. Pero también es posible lo contrario. El drama en el que ahora nos encontramos tiene una virtud: ha despertado todas las conciencias, también aquellas irresponsablemente dormidas. Ahora, cuando no sólo los catalanes sino gran parte de la ciudadanía española y europea sabe que hay un problema grave, tenemos el deber de tratar de solucionarlo inteligentemente y, si puede ser, como reclaman los hijos, para siempre.

Que nos encaminemos o no hacia una solución satisfactoria dependerá mucho de lo que ocurra en los próximos días, y ahora le toca al president Puigdemont responder al dilema diabólico que supone el requerimiento del gobierno del Estado.

Sabemos que la respuesta debe ser firme, de una firmeza capaz de neutralizar la violencia que el gobierno central muestra desde el 1 de octubre. También sabemos que debe tener la fuerza que da la autoridad moral. Y desde esta autoridad moral se podrán tejer complicidades con la ciudadanía catalana y también con dos aliados naturales como son la ciudadanía española y la europea. Porque la Europa del siglo XXI es también la Europa de los ciudadanos.

La respuesta, también lo sabemos, debe ser binaria. "Sí a la DUI" o "No a la DUI". Esto parece un problema, porque la situación pide matices, pero también puede tener la ventaja de la claridad, que va unida a la firmeza.

El "Sí a la DUI" tiene como argumento a favor que es una expresión de la indignación de los ciudadanos ante la violencia vivida el 1 de octubre. Pero tiene muchos en contra. El principal es que provoca aún más violencia. Es seguro que el gobierno del PP tomará la DUI como excusa para intensificar aún más su campaña para acabar con el autogobierno y utilizar la vía penal contra cualquier ciudadano e institución supuestamente independentista. Entraremos en una espiral que alterará la paz social, que es el bien más preciado de los catalanes. Quien la altere, aunque sea sujeto pasivo de la violencia, perderá autoridad moral. Quien la refuerce, ganará.

El segundo argumento en contra de la DUI es de radicalidad democrática. El independentismo arrastra un error: desde septiembre de 2015 cree que tiene una mayoría social en votos, cuando la tiene sólo en el Parlamento. El referéndum, que no pudo ser pactado, es insuficiente para ser homologado a nivel internacional. Hacer ahora la DUI o cambiar el marco legal le restaría al president autoridad moral ante Europa y ante gran parte de la misma ciudadanía catalana, que es radicalmente democrática.

Tampoco se puede olvidar que la proclamación de la DUI afectaría también a la unión social con España. Entre España y Cataluña hay, aparte de la unión política, una unión social, y no van necesariamente juntas. Un 70% de los catalanes se sienten también españoles en alguna medida. La mitad de estos catalanes quieren un referéndum y casi un tercio votarían sí a la independencia. La ciudadanía catalana y la española están unidas por lazos familiares, culturales, históricos, económicos y sentimentales profundos que, debido en parte a la disociación anterior, ignoran barreras políticas y forman una unión social. Esta unión es un activo que los votantes catalanes, por supuesto también los independentistas, no quieren perder, y cualquier opción política debe celebrarlo y reforzarlo si quiere tener mayoría en Cataluña.

El día 1 de octubre el gobierno central golpeó como nunca nadie lo había hecho en las últimas décadas esta unión social con España, intentando crear una división interna que no encaja en el imaginario catalán ni existe en nuestra sociedad. El comportamiento de algunos medios de Madrid va en la misma dirección. Es un grave error. Pero la DUI, sobre todo por la falta de legitimidad democrática, impactaría negativamente en esta unión y, por primera vez, serían "los catalanes" los separadores.

Finalmente está el argumento de la superación del statu quo. Tras la sentencia del TC de julio de 2010 contra el nuevo Estatuto, muchos catalanes quieren un estado a favor y piensan que no es el actual (75%) y que deberían construir uno nuevo (45%). Según las últimas encuestas, un 82% de los catalanes (y un 57% y un 49% de los votantes catalanes de Cs y el PP, respectivamente) creen que un referéndum es la mejor solución para resolver el conflicto. Y lo es: ganar por mayorías en votos da autoridad moral y por tanto poder. De nuevo, no es el caso de la DUI en las actuales circunstancias.

Veo la DUI como una trampa colosal, que satisface al independentismo más inflamado, los del "tenemos prisa", pero que mete en un callejón sin salida al president, al movimiento que lidera y a todos los catalanes. También a la ciudadanía española. Es evidente que hay sectores afines al gobierno de España que buscan la DUI hace tiempo porque es la excusa perfecta para intervenir en el tuétano de la sociedad catalana, como es la educación, los medios de comunicación públicos y los Mossos. Esta evidencia ya debería hacer que todos, catalanes y españoles, nos paráramos a pensar. Pero al mismo tiempo la DUI sería desobedecer no sólo al Estado, sino a Europa, que ya es el árbitro y ha pedido públicamente al president que no la haga, regalándole un salvavidas de un enorme valor. El president dejaría de ser el president de todos, y Cataluña perdería su autogobierno, me temo que por muchos años. Esta opción no sería un "paso adelante", sino la evidencia de no saber detenerse cuando toca para hablar con firmeza.

No hay respuesta más firme que la no-violencia y la defensa de los derechos democráticos. Si el president elige conservar el autogobierno, se erigirá en el principal garante de la paz social y los derechos democráticos en Cataluña, y de la seguridad física y material de todos. Dirá que no puede admitir la violencia generada por el gobierno central con los hechos del día 1 de octubre y la posterior negación de la existencia de estos mismos hechos. Una violencia que puso en peligro la seguridad de los catalanes y la unión social con el resto de España. Y exigirá responsabilidades a todos los niveles. Expresará también su voluntad de proteger el autogobierno y las instituciones catalanas, hoy amenazadas. Y dejará claro que como líder de su opción política no renuncia a nada.

Cataluña pide una solución democrática. El 82% de los catalanes quieren votar. Y la sociedad española debe saber que cuando los cuerpos de seguridad españoles iban a realizar cargas violentas el 1 de octubre pasado, lo que se encontraban delante era gente que gritaba "Somos gente pacífica, sólo queremos votar". La responsabilidad no es sólo del president Puigdemont sino también del presidente Rajoy, que debería aplicarse la cita de Platón: "La civilización es la victoria de la persuasión sobre la fuerza". Y la persuasión, la ausencia de violencia y la solución democrática facilitarían que pudiera dar una respuesta positiva y esperanzada a mi hijo mayor.

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