Los salarios de los políticos

Hace poco ha tenido notable eco y controversia el hecho de que un diputado en el Congreso le espetara a una diputada competidora su insensibilidad social porque lucía vestimenta cara (sic) y llevaba años viviendo de salario político (sic). Fue solo un rifirrafe parlamentario más, a pesar de formular la chocante paradoja de que la crítica fuera emitida por alguien que ha cambiado de estilo de vida de forma tan drástica como legítima desde que accedió a la representación política, cambio que no se le conoce a la diputada aludida. ¿Proyección? La cosa no merece una columna, pero abre paso a una cuestión sobre la cual puede ser útil algo más de reflexión y debate.

Pocos discuten que las personas con dedicaciones de política institucional tienen que ser remuneradas. Hay excepciones, como por ejemplo la de la asamblea legislativa de Nuevo Hampshire, en los EE.UU., donde los legisladores solo reciben una remuneración de 100 dólares por año más gastos de viaje. Son excepciones a la regla; es mayoritaria la consideración de que no remunerar a los legisladores sesgaría la disponibilidad a favor de gente con patrimonios elevados, además de aumentar el riesgo de que se busquen compensaciones materiales por vías opacas.

Antes de continuar, hay que hacer una precisión metodológica: ¿alguien está en desacuerdo con que el cáncer de pulmón es más frecuente entre fumadores? No; aunque todos conocemos a fumadores que no han tenido, y a no fumadores que sí. Es probabilística, no determinismo. En sentido parecido, la atracción de personas con competencias profesionales a la actividad política mejora el resultado del proceso legislativo y ejecutivo. Besley, García Montalvo y Reynal‐Querol publicaron "Do educated leaders matter?" en Economic Journal en 2011, donde con datos de 1.000 líderes políticos de entre 1875 y 2004 muestran que los líderes con calificaciones académicas de posgrado (máster o doctorado) están asociados a tasas más altas de crecimiento económico.

Ciertamente, los resultados económicos de la política son solo un aspecto parcial -de carácter más bien técnico- de la función de los políticos. Su función es multitasca, y también incluye la representación de preferencias de los electores (más abajo volveremos a ello). Por el lado de la calificación profesional, de momento, podemos situar este punto: una remuneración competitiva puede atraer a personas con situaciones profesionales sólidas fuera de las instituciones a implicarse en ellas.

Hasta aquí nos hemos centrado en la disponibilidad para ser candidato, con una visión del mundo en la que los políticos son ciudadanos y a la vez candidatos: tienen una visión de cómo se tienen que conducir los asuntos colectivos, y también un interés personal en su propia situación. Como todo el mundo, vaya. Lo que varía en cada uno es la combinación (tiendo a pensar que la longevidad institucional enfatiza cada vez más el interés personal).

Saltemos ahora al otro punto relevante: la vehiculación de la oferta de candidatos. Es decir, el proceso de selección de los candidatos a candidato en las elecciones. Aquí, los incentivos pueden ser diametralmente diferentes en función de cómo sea el sistema electoral y el sistema de partidos en cada contexto. En un sistema como el nuestro, donde dominan las circunscripciones con muchos escaños y donde el proceso de selección de candidatos es básicamente intrapartido, las características individuales de los candidatos tienen relativamente poca influencia en el resultado electoral. En este contexto, los partidos, al seleccionar candidatos, tienen incentivos para enfatizar la fidelidad a los dirigentes y el seguimiento acrítico de las instrucciones partidarias. Y las remuneraciones atractivas también atraen a más personas dispuestas a hacer este papel en las instituciones. Pueden ser, por lo tanto, una arma de doble filo.

A medida que las circunscripciones se hacen más pequeñas y el número de candidatos también (el caso extremo son los distritos uninominales –con un solo escaño-), el perfil individual del candidato logra más relevancia, sobre todo en circunscripciones donde las mayorías ideológicas (con la consiguiente lealtad partidaria de voto) no son insuperables. En estas, el perfil personal del candidato puede decantar la elección. Esto cambia de forma decisiva los incentivos de la selección de candidatos.

Una configuración de las circunscripciones electorales que potencie la influencia del candidato en el resultado, de dimensión pequeña y con pocos escaños que cubrir -idealmente uno- (combinar esto con una cierta representatividad de la pluralidad es cuestión para otra columna) potenciaría los incentivos de los partidos para ofrecer candidatos con más probabilidades personales de ganar las elecciones. Y en este contexto, las remuneraciones atractivas serían más eficaces para atraer a personas cualificadas a ser candidatas.

Ahora bien: se equivocará quien haya entendido el proceso como un concurso de títulos académicos. La función representativa de los políticos exige unas aptitudes diferentes de las calificaciones específicamente profesionales. Lo que hacen las circunscripciones pequeñas es favorecer que lo valoren quienes mejor lo pueden valorar: los ciudadanos. Porque son los que tienen más interés en escoger a los mejores políticos; al final, son los que reciben los perjuicios o los beneficios de la acción del político electo.