Las dificultades de la especial dificultad

Las personas con discapacidad sufren de una forma muy intensa los efectos de la crisis económica

Aunque la integración laboral de las personas con discapacidad está reconocida en textos legales y declaraciones internacionales, no siempre se lleva a la práctica de acuerdo con estas declaraciones. Los datos muestran que este colectivo sufre de una forma muy intensa los efectos de la crisis económica (paro y precariedad laboral).

Dentro de la discapacidad, la legislación se refiere a la "especial dificultad" (personas que necesitan más ayuda para integrarse) como la que tienen las personas con discapacidad físico-sensorial superior al 66% o discapacidad intelectual o trastorno mental superior al 33%. Es obvio que esta rigidez “clasificatoria” choca con la diversidad inherente a las necesidades de cada persona, con o sin disc apacidad.

Desde el IESE hemos colaborado con Dincat (la Asociación Catalana que agrupa a las entidades de iniciativa social que trabajan por la inclusión de las personas con discapacidad y especial dificultad) en la elaboración de un Libro Blanco, para analizar la situación actual de los Centros Especiales de Empleo en Catalunya y proponer un modelo de futuro. De este estudio surgen tres reflexiones:

Las personas con discapacidad y especial dificultad merecen una discriminación positiva que permita, por ejemplo, diseñar itinerarios de integración más flexibles

En primer lugar, creemos que las personas con discapacidad y especial dificultad merecen una discriminación positiva que permita, por ejemplo, diseñar itinerarios de integración más flexibles: en la actualidad, si una persona con discapacidad se integra en la empresa ordinaria y posteriormente dicha integración no resulta como se esperaba haciéndose deseable su retorno al Centro de Empleo, la normativa hace que éste resulte difícil y poco ágil (la persona “pierde” su plaza en el Centro siendo condenada a un limbo ocupacional prolongado o puede incluso desanimarla a aspirar a dicha integración en primer lugar). Una normativa rígida en un entorno tan delicado y vulnerable será, casi con total seguridad, injusta.

En segundo lugar, las entidades sociales sin ánimo de lucro, también merecen una discriminación positiva respecto a entidades de naturaleza mercantil. Por vocación, las entidades sociales se ocupan de personas con especiales dificultades en mayor medida que otras entidades no sociales, mercantiles, enfrentándose aquellas a mayores dificultades que éstas. Además, las entidades sociales acompañan a las personas con especial dificultad durante toda su vida, asumiendo las dificultades propias de este devenir vital, como el envejecimiento prematuro, condición que dificulta aun más las dificultades especiales. Es de sentido, pues, reclamar una discriminación positiva a favor de las entidades sociales que compense estas mayores dificultades que han elegido atender.

Finalmente, el estudio considera que se necesita un mayor esfuerzo de todos los agentes sociales para crear un ecosistema favorable a la especial dificultad. Esto pasa por sensibilizar a la sociedad, pero también porque la empresa cree entornos inclusivos, como mínimo cumpliendo el marco actual de reserva de puestos de trabajo. Requiere, por supuesto, que las propias entidades desarrollen modelos de negocio que reduzcan su dependiencia de las subvenciones públicas y les aporten mayores márgenes económicos (al fin y al cabo, la estabilidad económica debe asegurar la sostenibilidad de su misión social).

Y exige, como no, una respuesta más comprometida de las administraciones públicas. Además del apoyo económico, se necesita acometer cambios normativos que aporten flexibilidad al sistema. En este sentido, la formación dual adaptada (fórmula que combina formación y empleo, estableciendo un puente entre el ámbito formativo y el laboral, y que está dando excelentes resultados en otros territorios donde se ha aplicado, como Baleares) daría una buena respuesta a muchas de las necesidades aquí señaladas.

La reciente subida del SMI –buena en sí misma- ha supuesto, sin embargo, para estas entidades un aumento repentino de los costes salariales que está destruyendo el poco margen del que disponían. Las administraciones públicas no han sabido reaccionar con la celeridad necesaria a esta situación urgente. Esta es una evidencia más de que, en la práctica, la especial dificultad no se encuentra entre las prioridades de los gobiernos, que, se supone –como muy bien nos decía el President Torra en la presentación del Libro Blanco-, deben servir a los ciudadanos, y, muy en especial, a los más vulnerables y con más necesidades.

¡Esperemos que estas buenas intenciones se traduzcan pronto en hechos concretos!