La Constitución Territorial es traicionera

Rajoy sabrá lo que hace, pero el tiempo pasa y el tiempo de la reforma se pasa

JAVIER PÉREZ ROYO
JAVIER PÉREZ ROYO Catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat de Sevilla

Los problemas territoriales son muy traicioneros, porque no son fáciles de detectar a través de los instrumentos de investigación de los que normalmente se hace uso para conocer la opinión de los ciudadanos. Nadie tiene un problema territorial en su vida. Nadie se preocupa por la reforma de la Constitución o del Estatuto de Autonomía. La distancia que hay entre el problema territorial y la vida de cada ciudadano es tan enorme, que no se establece ninguna conexión entre el primero y la segunda que sea detectable en las encuestas.

Como consecuencia de ello el problema de naturaleza territorial solo llega a convertirse en preocupación ciudadana cuando se ha convertido en un problema inmanejable o casi inmanejable. Entonces adquiere una dimensión enorme, que termina por oscurecer casi todos los demás.

Lo acabamos de comprobar. La integración de Catalunya en el Estado se estaba presentando como problemática desde hace bastantes años. Con signos preocupantes desde hace unos doce años y con signos alarmantes desde hace seis. Y sin embargo, para la opinión pública no ha pasado a ser un problema detectable en las encuestas hasta estos últimos meses. Se ha tenido que producir la declaración unilateral de independencia, aunque no fuera tal, la aplicación del artículo 155 CE, el ingreso en prisión de miembros del Govern y la huida a Bélgica del president Puigdemont, para que el Barómetro del CIS haya detectado un notable grado de preocupación entre la ciudadanía.

El problema territorial, cuando no se resuelve mediante la negociación, sino mediante la imposición, encona la convivencia como no lo hace ningún otro

No sé si habremos aprendido la lección, pero deberíamos haberlo hecho, porque España sigue teniendo un problema de Constitución Territorial que ya no puede ser resuelto volviendo a la respuesta que se le dio en 1978. La fórmula constitucional del 78 ha operado satisfactoriamente durante treinta años, que no es poco. Con base en ella ya no se puede conseguir una integración de Catalunya en el Estado. La opinión de los expertos en este sentido parece ser abrumadoramente mayoritaria. No es previsible, sin embargo, que vaya a expresarse en una demanda ciudadana directa. El Presidente del Gobierno va a poder seguir diciendo que a él nadie le pide por la calle la reforma de la Constitución. Él sabrá lo que hace, pero el tiempo pasa y el tiempo de la reforma se pasa. A partir de un momento, lo que pudo ser reformado ya no puede serlo. La Casa Real lo entendió perfectamente en junio de 2014. De ahí, la abdicación. Con el Estado de las Autonomías, aunque de manera muy distinta, ocurre algo parecido. Cuando ya no hay vida en una institución, la reforma es imposible. Estamos avisados.

También deberíamos estar avisados de que la Constitución Territorial únicamente puede ser manejada por órganos constitucionales legitimados democráticamente de manera directa, porque únicamente mediante una negociación permanente se puede encontrar el punto de equilibrio entre las partes. Los órganos judiciales, tanto los de la justicia ordinaria como el de la justicia constitucional, no pueden ponderar el equilibrio entre el principio de unidad política del Estado y el ejercicio del derecho a la autonomía por las “nacionalidades y regiones”. Esa ponderación solo puede ser política y no puede ser decidida por un órgano que tiene prohibido entrar en negociación de ningún tipo.

Cuando no se entiende así y cuando se considera que los efectos de la intervención van a ser limitados, en la medida que el problema territorial es un problema de elites, pero no un problema que preocupe de manera mayoritaria a los ciudadanos, los resultados pueden ser sumamente perturbadores. Lo vimos en la Segunda República con el Tribunal de Garantías Constitucionales y lo acabamos de ver con el Tribunal Constitucional. En ambos con la integración de Catalunya en el Estado en juego.

El problema territorial, cuando no se resuelve mediante la negociación, sino mediante la imposición, sea de la naturaleza que sea y por la vía que sea, encona la convivencia como no lo hace ningún otro. Nadie puede tener la menor duda de que es así.

El 21-D por la noche la Constitución Territorial volverá a afirmar su presencia como el más importante de los problemas con los que España tiene que enfrentarse. Hasta que no se conozcan los resultados no se podrá decidir en qué dirección se puede avanzar. Pero las posibles alternativas ya tendrían que estar siendo valoradas.

Me temo que no está siendo el caso.