Una tarea imposible

“No se trata sólo de juzgar a unas personas emblemáticas, sino de ganar a la opinión pública nacional e internacional”, escribió Fernando Ónega en 'La Vanguardia' el sábado 2 de febrero (“Leyes contra emociones”). La frase parece de una claridad meridiana, pero a nada que se reflexione sobre ella, la claridad desaparece.

¿La opinión pública catalana es “opinión nacional” o solamente lo es la opinión española, en la que la opinión catalana contaría con el 18% que representa su población en el conjunto de la población española? Si los resultados de los estudios de opinión fueran simétricamente inversos en Catalunya (y en el País Vasco) y en España, ¿cómo se determinaría quién ha ganado la batalla de la opinión pública? ¿Ayudaría a encontrar una salida a la crisis constitucional por la que está atravesando el país una mayoría clara en la opinión pública española de que el juicio ha sido un juicio justo acompañada de una mayoría clara en la opinión pública catalana (y vasca) en sentido contrario?

La batalla de la opinión pública está ganada en España y perdida en Catalunya (y en el País Vasco). O a la inversa. La autoridad del Tribunal Supremo o del Tribunal Constitucional, que previsiblemente, tendrá que resolver el recurso de amparo que se interponga contra la sentencia del primero, es reconocida en España, pero no en Catalunya (y País Vasco). Ambos órganos judiciales han sido los instrumentos a los que ha confiado el PP, cuando estaba en la oposición, y todavía más durante los años de gobierno de Mariano Rajoy, la tarea de hacer la “política territorial”, que él se negaba a hacer. En la oposición el PP se negó a entrar en el debate sobre la reforma del Estatuto de Autonomía, confiando en que el TC le daría la razón, como efectivamente ocurriría con la STC 31/2010. En el gobierno utilizó reiteradamente al TC hasta el referéndum del 9-N de 2014 y al TC y al TS a partir de ese momento. El PP únicamente ha hecho “política territorial” a través del TC y del TS. Desde que se inició el proceso de reforma del Estatut hasta hoy. Con ello ha privado a la justicia española de cualquier tipo de credibilidad.

La batalla de la opinión pública se librará en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, una vez que el TC haya resuelto el recurso de amparo. El PP ha destruido la imparcialidad de la justicia española, tanto de la justicia ordinaria como de la constitucional, porque ha delegado en ella la tarea de hacer la política territorial. Y esto ya no tiene solución.

La decisión del TC de posponer esta misma semana la sentencia sobre el recurso de amparo interpuesto por Oriol Junqueras contra la prisión provisional acordada por el Juez Pablo Llarena y ratificada por la Sala del TS, es un indicador claro de qué se puede esperar de la justicia española. ¿Por qué no se ha dictado sentencia antes de la apertura del juicio oral? ¿Por la “extraordinaria complejidad” del asunto, como dice la providencia del TC, o por el pánico bien a desautorizar al TS, que ha mantenido a Oriol Junqueras en prisión contraviniendo la Constitución y el Convenio Europeo de Derechos Humanos, o bien al TEDH ante el que se recurriría su decisión, si confirmara la posición del TS?

El gobierno del PP decidió que fueran el TC y el TS los que hicieran la “política territorial”, que él no quería hacer. Ambos Tribunales aceptaron el encargo, retorciendo además tanto las normas sustantivas como procesales, como el recorrido de las órdenes de detención y entrega contra Carles Puigdemont ante la justicia de diversos países de la Unión Europea ha puesto de manifiesto. Como consecuencia de ello, dentro de España es imposible alcanzar una decisión con el mínimo de imparcialidad exigible para que pueda resultar convincente. Ganar la opinión pública se ha convertido en una tarea imposible dentro de España.

Habrá que esperar a la justicia europea.