La estrategia de Puigdemont, ¿un error?

Puigdemont no ha huido de la justicia, ha huido de la maniobra que se estaba urdiendo contra él

Javier Pérez Royo
3 min
Carles Puigdemont, arribant al Club de premsa de Brussel·les

Según parece, el President investido por el Parlament y suspendido por el Presidente del Gobierno, decidió salir de España y trasladarse a Bélgica, una vez que tuvo información fidedigna de que el Fiscal General del Estado tenía ya redactada la querella contra él y tenía decidido registrarla ante la Audiencia Nacional.

El Sr. Puigdemont sabía que en la semana anterior la Jueza de Instrucción de la Audiencia Nacional había ordenado el ingreso en prisión de los presidentes de la Asamblea Nacional de Catalunya y de OMNIUM, tras admitir a trámite una querella de la Fiscalía contra ellos por un delito, el de sedición, para cuyo enjuiciamiento la Audiencia Nacional no tiene competencia.

Con seguridad sus asesores jurídicos le informarían de que la querella por rebelión que registraría el Fiscal General en la Audiencia Nacional, a pesar del Auto firme de diciembre de 2008 del Pleno de los Magistrados que decía tajantemente que el delito de rebelión no ha sido NUNCA competencia de la Audiencia Nacional, sería admitida a trámite y, aunque todavía no podía saber que la Jueza Lamela acabaría siendo la que acabara asumiendo la competencia, sí se podía maliciar que así acabaría siendo y, en consecuencia, podía tener por seguro que acabaría ingresando en prisión.

El Sr. Puigdemont sabía que se iba a producir la concatenación del acto del Presidente del Gobierno que lo suspendía y le privaba del aforamiento, con el acto del Fiscal General del Estado que inmediatamente iba a registrar la querella por rebelión en la Audiencia Nacional y que la Jueza Lamela a una velocidad inusitada la iba a admitir a trámite y a adoptar la medida cautelar más gravosa. Sabía, en consecuencia, que no se iba a enfrentar a un proceso ordinario de administración de justicia, sino a algo distinto cuya calificación dejo a la inteligencia del lector.

¿Puede alguien sorprenderse de que, ante la actuación coordinada del Presidente del Gobierno-Fiscal General del Estado y Jueza de la Audiencia Nacional, Puigdemont reaccionara de la forma que lo hizo?

En el inmediato pasado en España se ha seguido por los Tribunales la práctica saludable de no activar causas judiciales en los procesos electorales. Si se pudiera confiar en la palabra de Mariano Rajoy, el Sr. Puigdemont habría permanecido en España, ya que el Fiscal General del Estado nombrado por él y mantenido por él tras su reprobación por el Congreso de los Diputados, no habría activado ninguna querella contra políticos que concurrirían a unas elecciones ya convocadas. Pero, como de la palabra de Mariano Rajoy, a estas alturas del guión, no se puede fiar nadie, pues…

El Sr. Puigdemont no ha huido de la justicia. Ha huido de la maniobra que se estaba urdiendo contra él. Él sabe que en Bélgica no puede escapar a la acción de la justicia. Pero espera, no sin fundamento, que va a poder defenderse en unas circunstancias que en España no iba a poder hacerlo.

¿Podría el Sr. Puigdemont en España impugnar la competencia de la Audiencia Nacional ante la propia Audiencia Nacional, que es ante el órgano ante el que tendría que hacerlo, con razonable confianza en ser escuchado? El círculo en que lo encerraba la acción combinada del Presidente del Gobierno, el Fiscal General y la Jueza Lamela era un callejón sin salida. Al menos, durante varios años. Hasta que hubiera finalizado el proceso en la Audiencia Nacional y se pudiera recurrir al Tribunal Supremo.

En Bélgica va a poder hacerlo. La Audiencia Nacional ha dejado de ser el “juez ordinario predeterminado por la ley” (art. 24.2 CE) para convertirse en un “juez especial”, que es algo que no solo choca con la Constitución sino con la naturaleza del ESTADO DE DERECHO. La intervención de la Audiencia Nacional es de una ANTIJURIDICIDAD ABSOLUTA.

Esto es lo que el abogado del Sr. Puigdemont va a poder argumentar ante los tribunales belgas con razonable confianza en ser escuchado, algo que no hubiera podido hacer su abogado en España.

Para hacer frente al nacionalismo catalán, el Gobierno, la Fiscalía General y la Audiencia Nacional se han quitado la careta.

Confiemos en que el Tribunal Supremo el jueves ponga un punto de sensatez.

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