El mayor error de Mariano Rajoy

Los actos del Rey no existen. Son actos del Rey formalmente. Materialmente son actos del Gobierno

Posiblemente el mayor error que cometió Mariano Rajoy como presidente del Gobierno fue permitir que el Rey Felipe VI se dirigiera a la Nación española en los términos en que lo hizo el 3 de octubre del año pasado. Tenía que haberle prohibido expresamente que lo hiciera y, en el supuesto de que el Rey hubiera insistido en hacerlo, debería haber presentado su dimisión. Un discurso como el del 3 de octubre únicamente puede hacerlo el Rey como Discurso de La Corona en sesión conjunta del Congreso de los Diputados y del Senado, en donde quede claro que el Rey está leyendo un discurso del Gobierno de la Nación. Esa es la única forma en que el Rey puede intervenir en una Monarquía Parlamentaria. Es obligación del presidente del Gobierno, del anterior y del nuevo y del que venga, impedir que el Rey actúe fuera del marco constitucional.

El Rey no puede equivocarse, porque no puede corregir el error. Una magistratura democráticamente elegida sí puede hacerlo y, de hecho, es inevitable que se equivoque, porque tiene que estar tomando decisiones permanentemente. Justamente por eso, existe el control parlamentario permanente, con la posibilidad de que se active la moción de censura en cualquier momento de la legislatura y, en todo caso, a los cuatro años como mucho, el cuerpo electoral decide acerca de su continuidad o no en función del juicio que se haya formado sobre los errores y aciertos del presidente del Gobierno.

Pero el Rey no puede, porque es una magistratura hereditaria. Y el Rey no tiene otra forma de no equivocarse que no actuando. Por eso los actos del Rey tienen que ser refrendados por el Presidente del Gobierno o por algún ministro (arts. 56.3 y 64.1 CE), que se hacen responsables de los mismos (art. 64.2 CE). Carecen, en consecuencia, de validez sin dicho refrendo (art. 56.3 CE), excepto en los supuestos previstos en el artículo 65 CE (nombramiento de los miembros civiles y militares de su Casa). Los actos del Rey no existen. Solo son actos del Rey formalmente. Materialmente son actos del Gobierno.

Es obligación del presidente del Gobierno impedir que el Rey actúe fuera del marco constitucional

El presidente del Gobierno tendría que haber tomado la decisión, de haberlo estimado conveniente, que el Rey se dirigiera a la Nación leyendo el discurso redactado hasta el más mínimo detalle por él mismo y en un marco en el que no resultara discutible que eso exactamente es lo que estaba haciendo el Rey. Los ciudadanos de Catalunya tenían que saber que el discurso del Rey era un discurso redactado por el Presidente del Gobierno, que el Rey estaba leyendo.

En mi opinión, también hubiera sido un error, porque no estuve de acuerdo no solamente con que el Rey interviniera, sino también con el contenido de su intervención. Pero hubiera sido un error del Gobierno y no del Rey. La integración de Catalunya en el Estado seguiría siendo un problema de primer orden, pero no lo tendríamos enredado con otro que la Constitución ni siquiera contempla. Y que tiene muchas derivadas, como estamos viendo.

Ahora ya, solución buena no hay. Se debe intentar no cometer más errores. Y para ello, lo primero que tiene que hacer el presidente del Gobierno es dejar bien claro que únicamente el Gobierno y las Cortes Generales hablan en nombre de la Nación y pueden dirigirse a la Nación. El desorden de las relaciones del Rey con los poderes políticos democráticamente elegidos no puede durar ni un minuto más. La “dirección de la política interior y exterior” la tiene atribuida el Gobierno de manera exclusiva y excluyente. El Rey no tiene nada que decir ni que hacer. O mejor dicho, tiene que hacer y decir lo que el presidente del Gobierno decida.

Esto tiene que quedar meridianamente claro, para que los ciudadanos de Catalunya y sus autoridades democráticas sepan que el presidente del Gobierno es su único interlocutor. En esto no debe haber la más mínima ambigüedad. Ya bastante tarea hay con corregir todo lo que se ha hecho mal, por ambos lados, como para que se mantenga la confusión sobre quién puede y quién no puede intervenir en las relaciones entre Catalunya y el Estado.

Bastantes problemas tenemos ya con el Tribunal Supremo.