Acabará el PSOE con el privilegio fiscal?

Necesitamos una reforma impositiva profunda que aumente la justicia tributaria

Júlia Miralles De Imperial
3 min

Politóloga y abogadaUna de las banderas de Pedro Sánchez para presentarse como candidato contra el PP fue destapar la lista de personas que habían mostrado capitales ocultos gracias a la amnistía de Montoro, compromiso que rápidamente se convirtió en humo debido al asesoramiento sobre su imposibilidad legal. Tras este desliz que necesariamente terminó en promesa incumplida, el PSOE se mantuvo firme impulsando la prohibición de nuevas amnistías fiscales.

El empuje que quiere tomar el gobierno hacia la izquierda, y posiblemente los cálculos sobre los aliados que necesita para la próxima votación de los presupuestos generales del Estado, han puesto también sobre la mesa en materia de fiscalidad la posible modificación del régimen de las tan (merecidamente) mal vistas sicavs.

Las sociedades de inversión en capital variable han sido periódicamente objeto de crítica en el debate público por el escándalo fiscal que supone su 1% de tipo impositivo, mientras que el impuesto general de sociedades es del 25% y el que grava la renta de las personas físicas se mueve entre el 21,5% y el 48% en Cataluña. Empresas que sólo se pueden crear disponiendo de 2.400.000 € y dedicadas a la inversión financiera reciben un tratamiento fiscal 25 veces mejor que el de una sociedad con actividad productiva, aunque estas luego pueden aplicar diversas deducciones y bonificaciones que reducen el impuesto final a pagar. En el caso del IRPF, teniendo en cuenta el tipo efectivo, es decir, el porcentaje de la renta bruta de los hogares que se acaba abonando como impuesto, el ciudadano medio paga hasta 12 veces más que una sicav. La indignación está más que justificada.

Sin embargo, corremos el peligro de ver cómo nos anuncian con autocomplacencia una reforma fiscal de la mano de los presupuestos que corrija el inaceptable régimen de las sicavs pero mantenga otras figuras que han blanqueado la evasión fiscal en España y permita que inversores y rentas del capital contribuyan menos al sostenimiento de las finanzas públicas que el grueso de la ciudadanía asalariada.

Veamos con más detalle cuál es la realidad. En primer lugar, en España hay actualmente más de 2.700 sicavs registradas que, para disfrutar del desmesurado privilegio fiscal que contábamos, básicamente están obligadas a tener un mínimo de 100 socios, que en la realidad pueden acabar siendo personas que aportan una cantidad irrisoria para cumplir este requisito numérico y favorecer unos pocos inversores genuinos. Los últimos datos publicados por la bolsa española correspondientes al mes de abril muestran que el 91% de las empresas cotizantes eran sicavs.

Otro vehículo societario que en los últimos años ha crecido enormemente son las socimis (sociedades anónimas cotizadas de inversión en el mercado inmobiliario). Se trata de empresas dedicadas básicamente a la compra y promoción de inmuebles para el alquiler, con un capital mínimo de 5 millones de euros y obligadas a cotizar en mercados regulados españoles o extranjeros. Cumpliendo los requisitos de la ley, pagan el 0% de impuesto de sociedades sobre la renta que obtienen. Hoy en día hay 51 socimis cotizando en la bolsa española, dos dentro del Ibex 35.

La tercera figura que tenemos que comentar son las ETVE (entidades de tenencia de valores extranjeros), una clase de holding, es decir, una sociedad que tiene por objetivo invertir en otras sociedades, que podemos considerar 'offshore', ya que sus ventajas fiscales se fundamentan en la participación en empresas extranjeras. En estas entidades los socios que no residen en España y no tienen sucursales, oficinas u otros establecimientos permanentes, cuando cobran beneficios de la sociedad o venden su participación, no pagan impuesto sobre la renta de los no residentes. Es decir, las ganancias obtenidas no quedan grabadas por ningún tributo en España.

La cuestión es compleja y se podría explicar con mucho más detalle, aparte de comentar el tratamiento de ciertos fondos y otras sociedades de inversión que también están beneficiados seguramente en exceso por la normativa vigente.

En todo caso, no se trata de que se aprueben los presupuestos con un titular grandilocuente sobre la nueva justicia fiscal que, en el fondo, sólo signifique una modificación, previsiblemente leve, del régimen de las sicavs. Necesitamos una reforma impositiva profunda que aumente la justicia tributaria basándose en el principio de la progresividad -quien más tiene, más paga-, que siempre significará que las rentas del capital financiero no pueden resultar privilegiadas por encima de las del trabajo y el capital productivo. Esta reforma estructural requiere, para empezar, eliminar el escandaloso sistema de las formas societarias con tipos impositivos privilegiados del 0% y el 1%.

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