Nada ocurre por casualidad

Hace poco conocíamos que el sindicato Manos Limpias ha presentado un recurso contra la decisión del juez de no practicar una prueba caligráfica sobre la veracidad de unas firmas atribuidas a la infanta. Firmas que demostrarían con contundencia que la infanta mintió cuando afirmó no conocer los negocios de su marido.

Como quizás ustedes saben, el exsocio de Iñaki Urdangarin en el Instituto Nóos, Diego Torres, hizo entrega en su día al juez instructor, José Castro, de una documentación que involucra directamente a la casa real en el caso. En concreto, la infanta Cristina, el rey Juan Carlos y su amiga Corinna Sayn-Wittgenstein aparecerían mencionados como más que conocedores de los negocios del yernísimo. Asimismo, Torres aseguró en su declaración al juez que el palacio de La Zarzuela acogió una reunión en la que se cerró la celebración del foro deportivo Valencia Summit. El juez incorporó a la investigación ocho correos electrónicos aportados por la defensa de Torres en los que el nombre de Juan Carlos de Borbón salió a relucir.

Siempre nos han contado el cuento de hadas de que la familia real española carecía de recursos económicos propios, que durante el exilio sobrevivió gracias a la ayuda de otras familias monárquicas y que, tras la coronación de Juan Carlos I, los Borbones se mantenían con fondos del erario público y eran un ejemplo de austeridad en comparación con otras casas reales... O sea, que hasta hoy teníamos un rey cuya fortuna de 1.790 millones de euros nos resultaba cuando menos sospechosa. Hoy ese rey es un ciudadano más, multimillonario, y su fortuna sigue siendo sospechosa.

Y ahora podemos decirlo en alto, porque ese ciudadano ya no es inviolable: es obvio que si quieres un trato de favor para conseguir tal o cual concesión, es primordial que te lleves bien con la jefatura de Estado. De hecho, tal y como expone la investigación, algunos negocios de Urdangarin y Torres se cerraron en la misma residencia real de Marivent. Y ¿debemos creer que el entonces rey no estaba al tanto de la naturaleza de las reuniones de su yerno? Si añadimos a esto que aún recordamos que el nombre del entonces rey estuvo asociado a estafas que recuerdan mucho a ésta (con Manuel Prado y Colón de Carvajal, KIO; o con Javier de la Rosa, en sucesivos negocios del petróleo ligados con algunas monarquías árabes), y si pensamos que fue el propio rey quien, sabiendo que Urdangarin había delinquido, le consiguió un trabajo fuera de España, las dudas más que razonables sobre la actividad del exmonarca proliferan como hongos venenosos.

No es descabellado sospechar que Juan Carlos de Borbón ha podido tejer un entramado de negocios a cambio de prebendas, como consecuencia del estatus privilegiado de la monarquía española, amparada por un doble cordón sanitario: los déficits democráticos de la Constitución y el estado de ignorancia de la población.

En fin: el caso Urdangarin ha sido la pústula rota por la que han aflorado sospechas largo tiempo rumiadas por muchos.

¿Se puede ver envuelto Juan Carlos de Borbón en un proceso judicial? Él mismo dijo en 2011 en su discurso de Nochebuena que "la justicia es igual para todos", pero... hasta ahora no se podía llamar a declarar al rey, ya que el artículo 56.3 de la Constitución establece que "la persona del rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad".

Hay un adagio procedente del constitucionalismo inglés que dice que "El Rey no puede hacer mal". Y como no puede hacer mal, no es responsable jurídicamente y ningún juez puede citarlo en un banquillo, porque la justicia se administra... en nombre del rey.

Recordemos lo que ocurrió con el expresidente de EE. UU. Richard Nixon tras el Watergate, cuando se negoció con él para que dimitiera y fuera sustituido por Gerald Ford. A Richard Nixon no se le juzgó. En Francia no fueron tan benévolos: el expresidente de la República Jacques Chirac fue condenado en diciembre de 2011 a dos años de prisión, exentos de cumplimiento, por malversación de fondos públicos, abuso de confianza y apropiación indebida. En la República Francesa el jefe de estado puede ser procesado por delitos de alta traición. Pero eso en una monarquía es impensable. La monarquía es lo que es. La abdicación sería, pues, una forma "elegante" de "solucionar" un espinoso asunto (leáse esto con todas las comillas posibles). Por eso en su día se pactó una abdicación con Eduardo VIII de Inglaterra, enamorado de una mujer divorciada y claramente pronazi.

Así que si el rey de España hubiera cometido, hipotéticamente, un acto antijurídico, los términos de inviolabilidad e irresponsabilidad no seguirían desde ahora vigentes "jurídicamente", tras la abdicación, y podría tener que ir a declarar, pero... atención. Esto es discutible, porque habrá quien afirme que lo que la Constitución quiere decir es que la inviolabilidad se extiende a todos los actos que haya realizado durante su reinado.

En fin, que si una monarquía se encuentra con un problemón tal como que en un juicio las pruebas contra un acusado demuestren, colateralmente, que el rey ha cometido un delito, lo más lógico, hipotéticamente, sería darle a dicho rey una salida "pactada" (otra vez las comillas) para evitar una crisis mayor.

En resumidas cuentas: hipotéticamente una abdicación sería la mejor manera de zanjar el caso Nóos con una salida pactada para evitar que el juicio empañara la imagen de la corona.

Una puede pensar que el rey ha abdicado por salud o que ha abdicado porque Torres ha amenazado con sacar toda la munición, y el escándalo, sumado a todo lo que está pasando ahora, hubiera hecho tambalearse muchas cosas. Así que se habría recurrido a una abdicación pactada y se hace efectivo el dicho de Lampedusa: que todo cambie para que todo siga como está. A fin de cuentas, entre los fastos de la coronación y el Mundial se puede distraer la atención mediática en esta sociedad del espectáculo tan debordiana.

Y como esto no es más que una hipótesis, habrá quien piense que no escribo más que tonterías. Pero lo que está claro es que hoy más que nunca me viene a la cabeza aquella frase de Roosevelt: en la política nada ocurre por casualidad; si algo sucede, se puede estar seguro de que ha sido planeado así.