La trampa económica de la moción de censura

No es ningún secreto decir que la moción de censura ha tenido éxito de manera inesperada. Nadie del club pensaba que, en medio de la pandemia, se podrían recoger las 16.520 firmas necesarias para forzar la votación. Y entre los promotores, por más que lo nieguen de manera oficial, también ha habido sorpresa viendo la reacción de la masa social. El Barça se ve abocado, si la justicia no interviene y lo paraliza -la directiva recurrió a la Guardia Civil por un puñado de papaletas sospechosas de ser falsas-, a un plebiscito para decidir si Bartomeu continúa en el cargo o si la junta en bloque tiene que dimitir. Una alegría para los socios que se han hartado de la gestión del presidente, pero un quebradero de cabeza para los que optan a sentarse en la silla principal del palco. Si el máximo mandatario asume el cargo antes del 1 de julio, también asumirá las pérdidas que se acaben produciendo este curso.

La oposición, dividida

Números rojos para la nueva junta

“La nueva junta haría frente a pérdidas de hasta 200 millones y blindaría a Bartomeu de una acción social de responsabilidad”, apunta Agustí Benedito. El ex candidato a las elecciones del 2010 y 2015, firme opositor de Bartomeu, ha insistido durante la recogida de firmas en que el voto de censura era un “error” porque, lejos de hacer daño a la directiva actual, le puede hacer un favor. “Y todo para ganar un par de meses”. Por eso se negó a apoyarlo. No fue el único precandidato, porque Toni Freixa, directivo entre los años 2010 y 2015, también se opuso. Y Emili Rousaud, que dimitió como directivo por el Barçagate, ha mostrado sus dudas con el proceso.

Jordi Farré, promotor oficial de la moción, explicaba al ARA que no tenía miedo de esta incertidumbre económica: “Somos conscientes de ello y tenemos preparado un plan de choque para reflotar al Barça de manera inmediata, si los socios nos confían el club”. Y otros precandidatos, como el empresario Víctor Font, también dejaban de banda los números para justificar su decisión de avalar el voto de censura: “Hay que apartar a la directiva cuanto antes mejor para evitar que tomen decisiones hasta el 30 de junio”.

Avalar 118 millones

Cifra ampliable en caso de pérdidas

El club azulgrana cerraba la temporada 2019-20, la de la parada de las competiciones por la pandemia, con unas pérdidas de 97 millones de euros. Y las previsiones para esta temporada, la 2020-21, tampoco son optimistas porque se calcula que los ingresos bajarán unos 64 millones, hasta los 791 presupuestados. La entidad, todavía bajo la batuta de Bartomeu, ha tomado una serie de “decisiones impopulares pero esenciales en clave económica” -justifican- durante el verano para intentar que los gastos también bajen, pero no ha sido suficiente para equilibrar el presupuesto, que todavía no está cerrado, pendiente de los gastos. La última bala pasa por una renegociación, con jugadores y asalariados, de los sueldos respectivos. Pero ahora mismo parece difícil que se llegue a un acuerdo lo bastante bueno para que esta temporada que acaba de empezar acabe en números verdes.

Solo de entrada, la directiva que asuma la presidencia tendrá que avalar 118 millones, el 15% del presupuesto. Los estatutos del Barça especifican que este dinero se tiene que repartir a partes iguales entre los miembros de la directiva, a excepción de que acuerden por escrito, y ratifiquen en una acta de la junta, un porcentaje de reparto diferente.

El aval está pensado para restituir posibles pérdidas y solo se puede retirar si la directiva consigue resultados positivos. “Y, como mínimo, hasta 2022 no habrá”, aseguran desde las candidaturas. Por lo tanto, si este curso también se cierra en negativo, los directivos tendrían que subir el aval para ajustarse a esta desviación del presupuesto.

Avalar, un quebradero de cabeza

Posible cambio en la Ley del Deporte

Este es uno de los puntos, regulados en la Ley del Deporte, que quería estudiar el gobierno español para que las pérdidas derivadas de la pandemia se consideraran de fuerza mayor y no tuvieran afectación en los avales. Pero de momento tan solo es una posibilidad que no se ha llevado a cabo.

Y hay un riesgo añadido: que las pérdidas del 2021 sean tan elevadas que no se puedan compensar en dos años. La modificación de los estatutos del 2013 hecha por la junta presidida por Sandro Rosell añadía una cláusula según la cual una directiva que cerraba una temporada con pérdidas tenía que compensarlas en un máximo de dos años. Si no, sería cesada de manera automática. “Entonces, no solo la junta estaría obligada a dimitir, sino que también tendría que compensar al club con su patrimonio”, aseguran los que se oponían al voto de censura. Es aquí donde aparece un viejo fantasma que sobrevuela el club desde la reforma estatutaria del 2013: que se priorice vender patrimonio deportivo, o sea jugadores clave, para cuadrar balances.

Votar dos meses antes

Eleccions en enero o en febrero

“Y todo para ganar un par de meses”, insiste Benedito, crítico. Si prospera el voto de censura y se obtienen el 66% de los apoyos en las urnas -si hay una participación superior al 10%-, se formaría una comisión gestora que tendría entre cuarenta días y tres meses para convocar a los socios a votar al nuevo presidente. Dejando de lado las fiestas de Navidad, esto situaría las votaciones a finales de enero o principios de febrero. O sea, uno o dos meses antes de la fecha que fijó la directiva de Bartomeu, el fin de semana del 20 y 21 de marzo. Según marcan los estatutos, si una junta que está en el último año de mandato celebra unas elecciones normales entre el 15 de marzo y el 15 de junio, el presidente lo continúa siendo hasta finalizar la temporada y el nuevo mandatario toma posesión del cargo el día 1 de julio. Bartomeu, cuando fijó la fecha -al poco de perder 2-8 en la Champions-, lo justificó como un acto de “responsabilidad” porque él asumiría las pérdidas de la temporada 2020-21 pero el presidente electo ya podría trabajar, con toda la autoridad, para confeccionar la plantilla de la siguiente.

Riesgo de dimisiones

La junta tiene que hablar estos días

Ahora se abre un escenario incierto en el Camp Nou. Los socios tendrán que decidir, como muy tarde la primera semana de noviembre -son un mínimo de diez días hábiles y un máximo de veinte, desde que la mesa da validez al proceso-, si avalan la gestión de Bartomeu o lo fuerzan a irse. Y en los despachos nobles del Camp Nou se tiene la sensación de que, ahora mismo, el presidente lo tiene muy difícil. “Sabemos que el socio, en general, es conservador. Pero se le ha acabado la paciencia. Es una reacción que no nos esperábamos. Lo único que puede frenar el cese de la junta es que el equipo lo gane todo desde ahora hasta la votación”, comentan desde Arístides Maillol.

También en la directiva hay muchas discrepancias. Algunos hace diez años que están al frente del club -entraron en las elecciones del 2010 que ganó Sandro Rosell- y notan el desgaste acumulado. Además, las malas noticias de la última temporada no han ayudado a calmar los ánimos. Una parte importante de la junta medita seriamente dimitir, cosa que podría precipitar una renuncia en bloque -que pararía el voto de censura-. Fuentes próximas al presidente reconocen que está “preocupado” por eso y que afronta los próximos días con la intención de recuperar la unidad y de que nadie haga las maletas. Fiel a su estrategia de ganar tiempo, todavía no ha convocado a sus compañeros de junta. Ahora bien, sabe que sin ir todos a una les será casi imposible ganar la moción de censura. Siempre, claro, que finalmente haya votación.

La fecha de la votación no es clara

La junta del Barça ha intentado, a través del departamento jurídico de la entidad que dirige el polémico Román Gómez Ponti, poner en entredicho la viabilidad de la votación de la moción de censura aduciendo la situación del covid en Cataluña. Con este movimiento, igual que con la denuncia a la Guardia Civil en la que se han aportado muy pocas pruebas de una supuesta falsificación masiva de apoyos contra Bartomeu, la directiva culé ha buscado ganar tiempo y resistir antes de tener que poner las urnas. Pero la estrategia no ha funcionado con la Generalitat, que por boca del secretario general del Deporte, Gerard Figueras, ya ha manifestado unas cuantas veces que la votación se podrá realizar con protocolos previamente validados por el Procicat. Con este debate resuelto, ahora falta el acuerdo para encontrar la fecha del plebiscito. La mesa del voto de censura es partidaria de organizarlo el 24 y 25 de octubre, pero la junta prefiere hacerlo el fin de semana de Todos los Santos.