"El trabajo fijo y seguro es un concepto del siglo XIX. [...] En el futuro habrá que ganárselo cada día"

(Joan Rosell, 17-5-2016)

Si la única razón de ser de la empresa privada fuera la maximización de los beneficios para sus propietarios, es evidente que lo mejor sería que los salarios fueran muy bajos y que el empresario pudiera despedir en cualquier momento y sin indemnización de ningún tipo.

Ahora bien, en cualquier sociedad, y más si es democrática, el orden social se basa en el consenso: en la aceptación, por parte de la mayoría, de las reglas del juego. En particular, las desigualdades -a las que los hombres somos extremadamente sensibles- tienen que ser consideradas como legítimas, y para que lo sean es necesario que su nivel sea percibido como moderado y que su origen esté basado, de una forma u otra, en el mérito.

Obviamente, una de las causas de la crisis política que sufre España es la dificultad para aceptar su orden social. España recae periódicamente en tasas de paro por encima del 20% (una proporción insólita en Europa), los salarios de una parte significativa de los que trabajan no permiten llevar una vida digna de acuerdo con el nivel de vida general del país y, de entre los jóvenes que trabajan, la proporción de los que sólo tienen estudios elementales triplica la de cualquier país al norte de los Pirineos. Algunas de las consecuencias de estos hechos son una de las tasas de desigualdad más grande de Europa y la expulsión de muchos graduados universitarios, obligados a emigrar o aceptar trabajos que no requieren, ni remuneran, los estudios realizados.

El orden social está lejos de proporcionar una igualdad de oportunidades aceptable

Por otra parte, el orden social está lejos de proporcionar una igualdad de oportunidades aceptable. Joan Rosell nos dice que habrá que ganarse el trabajo cada día, pero más de uno podría responderle que él sólo ha trabajado en las empresas de su padre, y que los contactos familiares le facilitaron muy joven el acceso a consejos de administración de grandes empresas.

En este contexto, es inevitable que las relaciones laborales que Rosell considera imprescindibles sean consideradas intolerables. Así, por ejemplo, la reforma laboral de 2012 es percibida como una imposición del PP para favorecer a los empresarios en perjuicio de los trabajadores, y su derogación es exigida por los partidos que quieren representarlos. En definitiva, la flexibilidad se ve como una carga.

Algunos aducen que la flexibilidad es beneficiosa para los trabajadores, porque sólo una flexibilidad aún mayor será capaz de crear los puestos de trabajo e inducir las mejoras en la productividad que se necesitan para combatir el paro y para aumentar los salarios. Desgraciadamente, hay que tener pan en el ojo para aceptar esta idea, que ya no comparte ni The Economist.

Y, sin embargo, es evidente que si queremos ser un país próspero nuestras empresas deben estar sometidas a la competencia internacional, y esto las obliga a ser flexibles. Es decir, la justicia no exige la flexibilidad, pero la prosperidad sí. Por tanto, no basta con la derogación de las reformas laborales y el retorno a una mayor protección al trabajador que tiene un puesto de trabajo. Necesitamos un contrato social que sea aceptable para la mayoría y que, al mismo tiempo, permita que las empresas sean competitivas sin necesidad de pagar salarios más bajos que sus competidores.

Es necesario un nuevo contrato social que acabe con el "trabajador pobre", y esto no se puede conseguir sin un salario mínimo digno

Este nuevo contrato social pasa, en primer lugar, para construir mecanismos que garanticen la igualdad de oportunidades, y eso no requiere la desaparición de las tasas universitarias, pero sí la existencia de una red pública de guarderías y de una red gratuita (pública o concertada) de primaria y secundaria de calidad suficiente como para que la clase media quiera compartirla con la clase baja; requiere la abolición del "trabajador pobre", lo que, a corto plazo, no puede conseguirse sin un salario mínimo digno; requiere que la protección al desempleado no se limite al apoyo económico, sino que se complemente con un soporte formativo e informativo serio.

Este nuevo contrato social, ¿podría incluir la flexibilidad laboral que el PP y la CEOE persiguen reforma tras reforma? Sí. En Austria, tras largas negociaciones y en el contexto de otras reformas, la patronal, los sindicatos y el gobierno acordaron la eliminación de las indemnizaciones por despido (para los nuevos contratados).

Leo los programas laborales de los partidos que quieren liderar la independencia. Veo parches poco convincentes. Lo mismo, más o menos, en los de los partidos que quieren salvar a España. ¿Quién romperá el empate?