Una administración colapsada en plena emergencia social

La medida estrella del gobierno de coalición: el Ingreso Mínimo Vital no está llegando a los hogares. Como medida estructural se ha revelado un laberinto burocrático agravado por el cierre de servicios presenciales de la administración a causa de la pandemia. Como medida de emergencia para paliar las consencuencias económicas del confinamiento en los más vulnerables está resultando un absoluto fracaso. A día de hoy no llega a los que más lo necesitan e incluso a algunos les ha supuesto la suspensión de otras ayudas que ya recibían, con lo que puede estar empeorando su situación. Hay problemas de diseño, pero sobre todo hay problemas de gestión.

A día 20 de agosto el gobierno reconoce haber concedido 80.000 de estas ayudas pero 74.000 han sido concesiones automáticas para aquellos que ya percibían la prestación por hijo a cargo. Por tanto, en los dos meses y medio transcurridos desde su aprobación solo se han concedido 6.000 –de 750.000 presentadas–. A este ritmo ni siquiera en Navidad se habrán revisado todas.

Esto es una muestra del colapso actual de la administración. Lo vemos en el IMV pero también en la concesión de los ERTES o las prestaciones extraordinarias de las trabajadoras domésticas que no llegan. Recordemos que a día de hoy hay gente que no recibe ningún ingreso desde hace cinco meses. Es cierto que la pandemia ha impedido trabajar a una parte de los funcionarios del Instituto Nacional de la Seguridad Social que han declarado no poder hacerlo desde casa. Pero en realidad estamos hablando de un problema ya estructural. El sistema de Seguridad Social lleva diez años sin contratar nuevo personal a pesar de las jubilaciones y defunciones –ha perdido en ese tiempo 2.100 funcionarios según CCOO–.

Para paliar esta falta se ha buscado una solución temporal. Se ha subcontratado a una empresa pública, Tragsa, una especie de ETT de la administración, que recibirá 6,13 millones de euros para apoyar la tramitación del IMV con 500 trabajadores más que cobrarán unos 800 euros netos los cuatro meses de duración del contrato. Parece pues, una vía más de precarización del empleo público. De hecho, desde CCOO denuncian que se haya apostado por externalizar en vez de hacer refuerzos estructurales. Se supone que la ley impide nuevas ofertas de empleo público, aunque claro, la ley la hacen los gobernantes.

Este déficit de personal en la administración es consecuencia directa de los límites impuestos en la contratación desde la crisis del 2008. Una de las políticas de austeridad estrella: la llamada “tasa de reposición”, eufemismo que esconde una de las medidas políticas de ajuste más duras y que está produciendo el colapso del sistema. En los últimos años ya había déficit de personal en áreas que estaban provocando desatención de derechos, como sucedía en los trámites para conseguir la residencia o la nacionalidad. Hoy, este problema se ha generalizado con la sobrecarga que implica la gestión de las medidas extraordinarias de la pandemia. La crisis de la covid-19 también ha puesto luz en áreas centrales de nuestro Estado de bienestar como son la sanidad y la educación que han precarizado las condiciones laborales del funcionariado con la contratación de interinos hasta el punto de hacer peligrar estos derechos. Paradójicamente, si ahora no se invierte en sanidad, además de las pérdidas irreparables de vidas, nuevas saturaciones del servicio podrían implicar más restricciones a la movilidad. Es decir, mayor contracción económica en uno de los países de Europa más golpeados por la recesión en ciernes.

Estamos pues ante un nudo central de nuestro destino colectivo. Ante la perspectiva de reducción de ingresos del Estado en los próximos años a causa de la crisis, el gobierno escoge la senda de la ortodoxia del déficit y trata de retener el gasto público. Pero sin ese gasto público no se podrán gestionar las ayudas de emergencia que son imprescindibles a su vez para impulsar la economía en plena recesión. Para ello será inapelable ampliar el tamaño de la administración en uno de los países de Europa con menos empleo público –entre los cinco últimos según Eurostat–. En breve el gobierno recibirá 140.000 millones del fondo europeo de reconstrucción, buena parte de esos recursos tendrán que llegar a los ciudadanos para evitar la catástrofe humana que se avecina y la desafección política de consecuencias imprevisibles que podría llevar consigo.