Derecho de ultraderecha

Desgraciadamente, no hace falta ser jurista para comprobar sin mucha dificultad cómo, en la multimegacausa contra el 1-O, se retuercen el derecho y las figuras jurídicas con el objetivo de meter —ni que sea de mala manera— los hechos relacionados con el referéndum en unos tipos penales previamente decididos y determinados. Lo hemos visto con el famoso delito de rebelión, que no se aguanta por ninguna parte en este caso pero que se intenta probar como sea, porque constituye la base de la acusación del difunto fiscal Maza y de la instrucción del juez Llarena y del Juzgado número 13 de Barcelona (del que era titular el juez Ramírez Sunyer, que también murió, no sin antes haber recibido el sentido elogio del entonces presidente del Supremo, Carlos Lesmes, por “haber cambiado el rumbo de la historia” y haber salvado a España). Por extravagante e interminable que fuera, el desfile de agentes de policía testificando sus percepciones subjetivas (las que Marchena rechaza airadamente cuando provienen de testigos de las defensas) sobre la jornada de las votaciones iba exactamente en esta dirección: el cuadro que se persigue pintar es el de una masa sublevada que agredió a agentes de la autoridad, no tanto por iniciativa propia como por haber sido inducida a hacerlo por parte de los acusados. Si no llega a rebelión, quizá sea suficiente para inducción a la rebelión. Y una cosa parecida con respecto al delito de sedición. El propósito principal, en todo caso, es acumular años de prisión en las sentencias, cuando lleguen.

Ahora es el turno del delito de organización criminal, que es el que improvisadamente la Fiscalía pide, haciendo caso a las pretensiones de Vox, para veintiocho cargos directivos de los medios públicos catalanes, TV3 y Catalunya Ràdio. Cuesta imaginar a toda la cúpula de la RAI, de France Télévisions, de la BBC o de la misma RTVE acusada en bloque de un delito tan grave como organización criminal: y no porque haya habido, por ejemplo, un saqueo de los fondos públicos destinados a estos medios públicos, sino por haber emitido propaganda electoral de un referéndum, ni que sea un referéndum prohibido por el Tribunal Constitucional. Pero esto es exactamente lo que está sucediendo aquí.

Ahora bien, tampoco es tan extraño si tenemos en cuenta lo que también es, o debería ser, inimaginable en cualquier Estado de derecho: que un partido de extrema derecha como Vox no tan solo se pueda personar en un juicio de una carga política y una trascendencia evidentes, sino que jueces y fiscales hagan suyas las demandas de este partido, y que incluso su secretario general ejerza la acusación popular mientras hace simultáneamente campaña electoral (durante la cual dice que las mujeres “pueden cortarse las uñas” pero no decidir si abortan). Eso es, lisa y llanamente, poner la justicia al servicio de la ultraderecha: una justicia, para mencionar un caso sin relación con Cataluña, capaz de emitir sentencia en firme sobre las hipotecas para cambiarla al día siguiente, esta vez al servicio de los bancos. Para celebrarlo, Ortega Smith acude a las fiestas de San Isidro vestido de 'chulo' y se marca un chotis.