Los males de la judicatura española

BarcelonaLos juzgados de toda España ofrecen este martes la imagen poco frecuente de una huelga de jueces y fiscales tras semanas de paros parciales. En Barcelona, la juez decana, Mercè Caso, está entre los que encabezan la movilización. Y también se ha implicado en ella la presidenta de la sección 10ª de la Audiencia Provincial, Montserrat Comas. La protesta no se queda, por tanto, en la base del escalafón judicial. Y aunque las demandas que plantean al ministerio son las de siempre -más recursos, modernización y mejoras salariales-, el debate se centra esta vez en la reclamación de más independencia judicial.

En un momento en que los tribunales han sido arrastrados a la arena de la batalla política del Procés, aflora más que nunca el malestar interno por la politización de la cúpula judicial. Antes, sin embargo, irregularidades en el enjuiciamiento de la trama Gürtel ya habían puesto la semilla des esta incomodidad creciente. En 2014, el pleno de la sala penal de la Audiencia Nacional apartó del caso, por afinidad con el PP, la presidenta de la sección segunda, Concepción Espejel, que había modificado dos tribunales para presidirlos ella. También habían provocado tensiones el caso de los ERE de Andalucía y el asunto Blesa, con polémicas en torno a los jueces Mercedes Alaya y Elpidio José Silva, que han denunciado falta de independencia y que, en el segundo caso, ha acabado expulsado de la carrera.

Estas crisis han minado el prestigio de la justicia y la moral de los miembros de la judicatura, que han llegado exhaustos a los fracasos internacionales de Pablo Llarena y desastres internos como el de la sentencia de la Manada.

¿De dónde viene el problema?

En la raíz de esta situación -que lleva a la huelga incluso la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura- está el método de elección de los doce miembros del Consejo General del Poder Judicial que son jueces de carrera. Las asociaciones aceptan que los ocho restantes –juristas externos– continúen siendo elegidos por el Congreso y el Senado, pero exigen poder votar los profesionales. Significaría volver al sistema de 1978, que el PSOE cambió porqué se consideraba que el sesgo idológico de la carrera configuraba un CGPJ demasiado conservador y no suficientemente representativo de la sociedad española.

Lo admite Montserrat Comas, portavoz de Juezas y Jueces para la Democracia (JJPD) en Cataluña. "Por eso nosotros defendíamos que las cámaras parlamentarias hicieran la elección, pero el sistema se ha pervertido. Ahora lo deciden todo tres o cuatro personas del PP y el PSOE y las cámaras hacen de invitadas de piedra del reparto del pastel ", asegura. Y tanto la magistrada catalana como el valenciano Joaquín Bosch y la juez decana de Barcelona –ambos también de JJPD– creen que el sistema se puede cambiar porque la profesión ya no es tan conservadora, como probaría el hecho de que la progresista Caso fuera elegida para el cargo de decana por sus propios compañeros. "Si dependes del voto del colectivo debes actuar con criterios técnicos y dejas de lado cualquier criterio político", argumenta. Para Bosch –que acaba de publicar el libro 'El secuestro de la justicia' con el director de Eldiario.es, Ignacio Escolar–, "ya no tenemos una judicatura salida del franquismo, ahora los problemas son otros, y las decisiones del CGPJ deben ser técnicas y no políticas, por eso hay que escogerlo mediante un sistema mixto, con intervención de los profesionales, como en el resto de los paises de Europa con un órgano propio de gobierno del poder judicial".

Xavier González de Rivera, portavoz del Ágora Judicial, asociación de jueces nacida recientemente en Cataluña pero que ya tiene afiliados en diferentes puntos de España, discrepa. "El cambio que proponen no garantiza el resultado que esperan", advierte. Para él, el "sesgo conservador" de la carrera sigue siendo fuerte. "Lo que hace falta es un cambio de cultura y utilizar bien el sistema de designación a través de las cámaras", sentencia.

La importancia del CGPJ

Toda esta controversia puede parecer alejada de la realidad social, pero del CGPJ depende la designación de los miembros del Tribunal Supremo y de las cúpulas de la Audiencia Nacional y de los Tribunales Superiores de Justicia: los órganos que tienen la última palabra en los casos con más trascendencia. "El prestigio de los 4.700 jueces del Estado es dañado por un centenar de cargos de la cúpula designados por el CGPJ con criterios poco objetivos y politizados", resume González de Rivera. En esto sí que coincide con las asociaciones principales, que reclaman "un proceso más transparente con criterios objetivos basados en los méritos" para designar estos altos cargos judiciales.

"Ultraderecha" en los juzgados

Las voces más duras se encuentran en analistas externos a la carrera judicial. La ponderación de la decana del Colegio de la Abogacía de Barcelona, Maria Eugenia Gay -que apoya "las reivindicaciones que mantienen jueces y fiscales y que no han encontrado respuesta por parte del ministerio" y que reclama la "modernización de la administración de justicia "- contrasta con el pesimismo de Javier Pérez Royo, catedrático de derecho constitucional en la Universidad de Sevilla, y el ex juez y abogado Elpidio José Silva. Ninguno de los dos creen que sirviera de nada cambiar el sistema para elegir los miembros del CGPJ. Utilizan las expresiones "extrema derecha" y "ultraconservadores" para referirse a una parte aún sustancial de la carrera. "La ultraderecha vive en la judicatura", afirma el ex juez, y propone que los ciudadanos elijan la cúpula del CGPJ. "Sería un sistema similar al de los Estados Unidos para elegir a los fiscales. Si la ciudadanía está capacitada para elegir los gobiernos que deciden las políticas económicas, también puede elegir quien marcará el funcionamiento de la justicia ", defiende.

El acceso a la carrera

El conservadurismo en la judicatura es relativamente normal: lo reconocen todos los entrevistados. "Un juez siempre tiende a la estabilidad, a la defensa de la norma", dice Mercè Caso. Pero en el caso español es "excesivo", según Pérez Royo y Elpidio José Silva. Para el ex juez, simplemente la judicatura "no ha pasado por la Transición, no se ha integrado a la democracia". Y el catedrático sevillano hace hincapié en el sistema de acceso a la carrera. "Es un sistema exclusivamente memorístico, que casi sólo se pueden permitir jóvenes cuyos padres les puedan pagar cuatro o cinco años de no trabajar después de licenciarse y un preparador particular, que es un magistrado que cobra en negro y del nombre del cual dependen las posibilidades de su aspirante de obtener la plaza", describe. Está convencido de que se trata de un "mecanismo perverso de una sociedad oligárquica que busca mantener el 'statu quo' a través del poder judicial".