El 98 y Puigdemont

EscritorEl orden económico y social y el sistema político español constituyen una democracia fallida. Las transgresiones al funcionamiento democrático y las vulneraciones de sus propias leyes que ha cometido el Estado en el último año son un conjunto de abusos contra la población que solo es posible cometer si previamente las instituciones y toda la vida social están pervertidas.

El sistema político nacido de la Transición, con sus limitaciones democráticas desde origen, ha devenido un régimen donde, sobre una sociedad sin cultura cívica, un núcleo de poderes radicado en la corte ha tomado el mando directamente.

Para ello se ha anulado la libertad de expresión a través del control directo de los medios de comunicación. Se puede decir sin exageración que en la práctica los españoles carecen de libertad de prensa. Por si no bastase, se aprobó la 'ley mordaza', se utilizan leyes “antiterroristas” para perseguir la libertad de expresión por parte de la ciudadanía y se sigue persiguiendo en las redes sociales. 'Ley mordaza' o 'ley camiseta amarilla', este Estado asimila toda disidencia a terrorismo.

Para garantizar la legalidad de un sistema político autoritario se han fundido el poder ejecutivo y el judicial, el gobierno manipuló para que al frente de las instituciones judiciales estuviesen verdaderos agentes políticos a su servicio. El poder judicial hoy es un instrumento del ejecutivo y el medio por el cual ejecuta sus políticas. El mismo proceder, quitar independencia y profesionalidad, se hizo con los cuerpos de policía. Todo ello configura un país en el que la ciudadanía está amenazada por el Estado y la vida democrática se ve limitada al derecho al voto cuando el ejecutivo lo decide y condicionado por la presión de esos medios de comunicación, verdaderas armas del poder establecido.

Nadie puede atribuir todo ello a un único partido, el PP, pues gobierna en minoría con el apoyo de C's y PSOE, por omisión o activamente aprobando medidas como el 155. Estos tres partidos, mientras Podemos ofrece un perfil bajo para no verse excluido del juego político español, expresan el núcleo de poder económico, administrativo y mediático de la corte que es dueña de este Estado. Cualquier desafío a ese poder se enfrenta a una corriente histórica de fondo, a un momento de la existencia del Reino de España en su historia. Pero lo que ve Europa y el mundo, y la población española no puede ver encerrada en la cárcel mediática, es una nueva crisis histórica semejante a la nacida de la pérdida de Cuba y Filipinas, “el 98”. No se trata solamente de una democracia fallida, un sistema político colapsado por el apetito bulímico de una oligarquía parasitaria: lo que se muestra es un proyecto nacional fallido, un reino incapaz de regenerarse y solucionar sus problemas por si mismo. España sigue sin proyecto nacional viable de forma democrática.

El enfrentamiento con la justicia europea, el orgullo impostado y la rabia del españolismo ante lo que consideran incomprensión europea es patético y lo resume todo. De nuevo España está encerrada en si misma. En vez de “Que inventen ellos”, “Que practiquen la democracia ellos”.

El único proyecto que no sea particular, castizo, y que sea en democracia sería uno que expresase la diversidad nacional y el respeto a los distintos intereses. Un estado federal o confederal permitiría que la gran mayoría de la población en Cataluña y Euskadi y en otros territorios aceptase a un estado compartido como suyo. Actualmente no es verdad que Madrid sea la capital de todos, cuando actúa únicamente en provecho de sus intereses. Un Estado así no creo que pueda ser una monarquía, mucho menos una monarquía impuesta por Franco.

El discurso del Estado dice que el particularismo catalán amenaza la igualdad y “la unidad de los españoles” (“la unidad” es un concepto político obsesivo del nacionalismo español). Más bien, Catalunya percibió que el proceso de fondo de recentralización y concentración del poder avanzaba acelerado e intentó defender su autogobierno. Fue cuando M. Rajoy impugnó el Estatuto y desencadenó todo este proceso acelerado y más enconado que llegó aquí.

No es posible volver al Estado centralizado con autonomías administrativas controladas desde Madrid, no es posible políticamente porque la población catalana ya no lo admite, aunque la mayor parte de la española estaría encantada. Tampoco es posible jurídicamente: la Audiencia Nacional, el Supremo y el Constitucional han ido estableciendo toda una jurisprudencia interpretando la Constitución y sus leyes de tal modo que no cabe ya en ellas la democracia. La sentencia del Estatut estableció que es el Constitucional, no los Parlamentos, quien redacta finalmente las leyes.

Un proceso histórico tal tiene consecuencias sociales, en España y en la sociedad catalana. Se ha movido la tierra debajo de nuestros pies y el suelo que pisábamos hasta hace unos años ya no existe. Es lógico que intelectuales, artistas y todo tipo de personas y empresas que levantaron sus intereses y crearon su identidad sobre aquella época no quieran que todo se mueva y cooperen con el poder establecido. Lógico que en Catalunya haya nostálgicos del pujolismo, personas que añoran aquel jardín bonsai enrarecido y tolerado y quienes lo añoran porque tenían su lugar contra Pujol. Pero todo ha cambiado y existe un dilema democrático: con la demanda democrática catalana o con el Estado del 155. No hay un dilema entre facciones ideológicas sino un dilema nacional, Catalunya existe como tal o es ocupada reducida a cuatro provincias.

Alemania ha vuelto y presiona a M. Rajoy y a este Estado incapaz de solucionar los problemas que él mismo crea. Catalunya se merece su república, pero puede que la consiga o no. Pero el límite mínimo de existencia y de poder nacional es conservar el principio de soberanía: M. Rajoy, el Estado, le quitó a los catalanes su gobierno, pero las urnas, a pesar de haber sido convocadas de modo ventajista desde Madrid, dijeron que la sociedad catalana quería reponer su gobierno. Recuperar y ejercer la soberanía tiene un nombre y un apellido que Europa y el mundo ya conocen: Carles Puigdemont.