¿Un gobierno contra el Estado o un Estado contra el gobierno?

En su discurso en el pleno de la investidura para elegir a Pedro Sánchez, el dirigente del PP, Pablo Casado, afirmó que su gobierno sería "un gobierno contra el Estado". Más allá de la clara exageración -es difícil encontrar un partido más de Estado que el PSOE, desde 1978 hasta el día de hoy- planteó un tema absolutamente clave. Porque es cierto que una parte del Estado vive la formación de este nuevo gobierno, que integra a un partido como Podemos y sus confluencias y que se ha hecho con la abstención, a cambio de acuerdos, de partidos como ERC, acompañados en esto por Bildu y el Bloque, como una agresión. De hecho, en este sentido, es legítimo preguntarse si es un gobierno contra el Estado o es una parte del Estado que se declara contra el gobierno.

A juzgar por el comportamiento de la Junta Electoral Central no está muy claro si el PP, Vox o Cs son los que utilizan instituciones del Estado, o si es al revés, que una parte del Estado tiene como portavoces a PP y Vox (en el caso de Cs ahora mismo básicamente es una gestora de los bancos que cuentan con 10 votos en el Congreso para hacer el mejor uso que crean de los mismos). En este sentido, no fueron los cinco catedráticos elegidos por los partidos los que hicieron la mayoría -tres de ellos se declararon en contra de la resolución tomada- para decretar la inhabilitación del presidente de la Generalitat y de Oriol Junqueras, sino cinco de los siete magistrados del Tribunal Supremo que forman parte de la JEC. Una resolución hecha desde una instancia administrativa violentando el Estatut de Cataluña, que como mínimo tiene rango de ley orgánica, en abierta rebeldía contra el Tribunal de Justicia Europea y el mismo ordenamiento jurídico español. En este caso el objetivo era claro, y por eso también eligieron tomar esta decisión en un día determinado: hacer saltar por los aires los acuerdos que llevaban a la investidura de Pedro Sánchez. Fueron jueces, y no políticos, los que decidieron saltarse la separación de poderes e intervenir directamente en los procesos democráticos. Nada nuevo desde hace demasiados años. Ya se filtró antes de que se abriera el juicio contra los dirigentes del Procés, que los jueces del Tribunal Supremo se proponían hacer lo que los partidos y el gobierno no habían hecho. Una vez dictada la sentencia y ante las protestas que se estaban aconteciendo en Cataluña Carlos Lesmes, Presidente a la vez del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial inauguraba el año judicial militar, en una sala llena de generales, criticando a los que ejercían el derecho a la libertad de expresión en las calles de Cataluña. Según él estos estaban "cegados por la irracionalidad” y “atacan la democracia española" y, parafraseando a Séneca, recordaba que en "un Estado donde queden impunes la insolencia y la libertad de hacerlo todo acaba hundido en el abismo". Por ello propugnaba defender el "alma del Estado" cada uno de los presntes desde la posición que ocupara. En este caso su público eran militares.

No se hablaba ni de patria, sino de Estado. El Rey mismo, según el artículo 56.1 de la Constitución, es el "símbolo de la unidad y permanencia del Estado". No de la Nación, sino del Estado, y una parte de este Estado tiene "alma", es decir, ideología, -nada simbólica, como demostró el mismo Rey en su discurso del 3 de octubre-. Un discurso que no le pidió ni el Gobierno ni el PSOE, un discurso de este Estado con alma. Lo notaba también Castelao para explicar por qué, a pesar de los programas y proyectos, la II República no fue federal: "Los juristas -vigilados por las estatuas de los Reyes Católicos- repitieron en el primer Parlamento de la segunda República los mismos conceptos que un día lejano emitiera allí mismo Don Antonio Maura en defensa de la Soberanía ... Y los juristas ganaron la batalla". Lo constataba también Solé Tura, él mismo padre de la Constitución de 1978, cuando descubría los impedimentos que se ponían para aprobar el Estatut de Cataluña de 1979, a partir de los "criterios del más rancio centralismo [...] -poniendo- por delante los intereses de la burocracia central de los grupos que dominan a través del estado centralizado y de los sectores más reacios a una reconstrucción democrática del Estado español”.

El PSOE no es, ni tiene voluntad de ser, un partido contra el Estado. Para salvarlo de la entrada de los que estaban fuera del 78 se autoinmoló cuando en 2016 dió la Presidencia a Mariano Rajoy. El regreso de Pedro Sánchez a su Secretaría General, de la que él mismo había sido defenestrado para conseguir aquella inmolación, le permitió recuperar la legitimidad perdida. Esto no lo convierte en un partido dispuesto a una transformación de esta parte del Estado pero la coalición de gobierno actual, y los apoyos con los que cuenta, sigue siendo anatema. No sólo porque la Conferencia Episcopal en vez de pedir que se rece en todas las iglesias para pedir perdón por los casos de pederastia, pide que se haga por la unidad de España en estos momentos (siempre me ha sorprendido que puedan creer de verdad que a Dios, caso de que exista, le importe la unidad de España), sino porque una parte del Estado ha demostrado voluntad de acabar con este gobierno. En 1978, con los límites que impuso el Tribunal Constitucional en la sentencia contra el Estatut de 2010, el poder ejecutivo y el legislativo se distribuyeron en la forma de parlamentos y gobiernos. El único que no lo ha hecho es el judicial (y el militar). Si esta coalición quiere perdurar deberá hacer frente al problema, cada vez más grave como indica Europa, de la reforma de las Leyes Orgánicas del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional. No para controlar políticamente la justicia, sino para evitar que la misma actúe políticamente como ha hecho de forma manifiesta en la última década. El Consejo de Europa ya avisó en este sentido en 2017 que el Tribunal Constitucional debía ser neutral. Las últimas sentencias del Tribunal de Justicia de la UE han puesto al Tribunal Supremo claramente ante un espejo que no habla de garantía de derechos. Asimismo, estas instancias han desarrollado una jurisprudencia ante la crisis económica claramente favorable a los grandes intereses económicos, con el escándalo de la sentencia sobre las hipotecas en 2017 o las posibilidades de municipalizaciones de bienes públicos en 2019. En este tema la nueva coalición de gobierno sólo podrá subsistir si avanza hacia delante. Independientemente de la voluntad que se tenga, quedarse parado no es una opción. Lo conseguirá o no, pero aquí no se cierra nada, todas las crisis abiertas en la última década siguen allí y afectan al corazón del Estado. Sólo hacia adelante hay soluciones, hacia atrás seguro que no.