Sánchez, Trump y Venezuela

El apoyo a Guaidó es un elemento más de consumo interno que lleva la marca del asesor del presidente

Xavier Domènech
4 min

Pedro Sánchez defiende que la política seguida por su gobierno sobre Venezuela es de Estado. Una política de Estado que declara ilegítimo al gobierno constituido venezolano y reconoce como "verdadero" presidente al líder de la oposición. Eso sí, después de haber declarado qué gobierno era legítimo o no en otro país, en el colmo del absurdo, nos aclara que debe ser el pueblo venezolano el que decida su futuro. Todo esto lo hace un presidente que tan sólo tiene 84 diputados y sin debate previo en el Congreso. Un Congreso donde la mayoría de los que lo llevaron a ser presidente de España no apoyarían la política "de Estado" que está determinando el futuro del pueblo venezolano. 'Pas mal' por ser una política "de estado", 'pas mal'...

En relaciones internacionales hay un principio, absolutamente violentado hoy, según el cual se reconocen, o no, estados, nunca gobiernos si no es en casos extremos de guerra civil, estados fallidos o gobiernos en el exilio. La diferencia no es banal. Intentemos explicarlo con un ejemplo concreto. En Venezuela residen unos 165.000 ciudadanos del estado español. Si alguno tiene un problema, ¿la embajada española a quien se dirigirá? ¿Al Estado que tiene un gobierno no reconocido por el gobierno de España, o al líder de la oposición que se ha autoproclamado presidente pero no tiene ningún control sobre el Estado? Siguiendo la lógica "de Estado" de Pedro Sánchez, al líder de la oposición, y el ciudadano en cuestión quedará absolutamente desprotegido. Eso si la embajada puede seguir operando, cosa más que dudosa. Bueno, pues este problema insoluble es el que ocupa ahora al Ministerio de Exteriores, donde se es consciente de que, más allá de las campañas propagandísticas sobre la marca España, la política exterior española tiene un problema grave. Es por eso que el ministerio estaba en contra de la decisión "de Estado" de Pedro Sánchez.

Esto es lo que intentó explicar, con una dignidad cargada de razones históricas, el presidente de México, López Obrador, a Pedro Sánchez cuando le fue a pedir que apoyara su política. Las caras que le hizo en público el presidente español, entre contrariadas y ofendidas y de vergüenza ajena, no auguran nada bueno para el futuro de un presidente al que no se ve muy acostumbrado que le lleven la contraria. Si en Davos los grandes poderes del mundo le habían dado palmaditas en la espalda, ¿cómo era posible que López Obrador lo contradijera? Era posible porque en la política que están llevando a cabo las potencias occidentales hay una cuestión de respeto a la soberanía interna y de legitimidad evidente. El artículo 233 de la Constitución venezolana invocado para justificar la operación de derribo de un gobierno no habilita en ningún caso para hacer lo que se está haciendo, ya que no se incurre en ninguno de los supuestos de "falta absoluta" que justificarían que la presidencia recayera en el presidente del Parlamento. Primero se afirma que lo que se está haciendo es "constitucional", y luego los EEUU aplican una nueva batería de sanciones que la misma administración Trump ha calculado que tendrá efectos por valor de 11.000 millones de dólares para la economía venezolana, el 98% de lo que el país importa en un año. Una vez tengan efecto provocarán una catástrofe humanitaria, y los estados europeos, como dijo Pedro Sánchez y confirmó Merkel, aportarán ayuda humanitaria cuando "se den las condiciones políticas". Se querrá obligar al gobierno venezolano a aceptar que las ayudas las canalice la oposición, bajo pena de ser acusados de criminales contra su pueblo. Todo ello mientras los expertos de la ONU afirman que la verdadera crisis humanitaria se puede dar precisamente por las sanciones de Trump. Pero cuando resuenan los tambores de guerra su primera víctima siempre es la verdad. Se harán discursos "de Estado" y de defensa de la democracia desde el complejo de superioridad, tan europeo, de estar "ayudando" en medio de una catástrofe en la que se ha participado. Ni siquiera han buscado la cobertura de la ONU para llevar a cabo toda esta operación.

Así, el gobierno de España ha roto, por primera vez en la historia, con la doctrina Estrada, por la que no se entra a reconocer, o no, gobiernos, sino estados. Los motivos de EEUU son claros. Meridianamente claros. El consejero de Seguridad Nacional, John Bolton, explicó sin muchos problemas que se trata de derribar el régimen bolivariano en una operación de más largo alcance para acabar con los gobiernos del Cono Sur que no obedecen la administración Trump y favorecer la entrada de las empresas petroleras estadounidenses en Venezuela. Se trataría de aprovechar una geopolítica favorable en EEUU (la llegada de gobiernos de extrema derecha en Colombia con Duque y en Brasil con Bolsonaro) para restaurar los aspectos más coloniales de la doctrina Monroe. Es posible que lo consigan. De hecho, la oposición venezolana lo fía todo a esta intervención internacional. Pero no está claro, porque el gobierno actual de Venezuela tiene apoyos en una parte de la población, la que lo eligió, y esto puede dar lugar a diversos escenarios. Lo que está claro es que la posición de España quedará completamente subordinada a la estrategia de Trump.

Pero si la posición de Trump es clara, ¿cuál es la de Pedro Sánchez? Contra la opinión del Ministerio de Exteriores, que prevé el lío donde se están metiendo, parece que la famosa posición "de Estado" no es sino un elemento más de consumo interno que lleva la marca del asesor de Sánchez , Iván Redondo. Se trata de dotar de talla de "estadista" al presidente -no podía quedar fuera de la nueva ola internacional, aunque cada vez tenga más aroma a gran reacción geopolítica- y de abrir la posibilidad de un viaje hacia nuevas alianzas futuras con los que ahora gobiernan en Andalucía gracias a Vox. Y si esto se carga principios de la política internacional o el trabajo de Zapatero en Venezuela como mediador, tanto da. Si hace meses Pedro Sánchez abría los puertos a Open Arms y ahora los cierra, si hace aún menos tiempo pactó la regulación de los precios del alquiler y luego no los regula, ahora será un gran demócrata haciendo ultimátums a Venezuela mientras callará ante Arabia Saudí. Total, su asesor, cuyos principios se están convirtiendo en los principios de la política socialista, hizo fortuna cuando proyectó a García Albiol como candidato a la alcaldía de Badalona ligando la inmigración a la delincuencia. ¿Les suena? A Trump seguro que sí.

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